La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponiendo a la banca la obligación de devolver con retroactividad absoluta todo lo cobrado por cláusulas suelo opacas ha cerrado un largo pulso judicial entre el sector financiero y los consumidores pero ha abierto una nueva batalla por la aplicación práctica del fallo. Desde el instante en que este fue público, la banca dejó claro que no aprobaría una devolución generalizada de lo cobrado y, aunque abría la puerta a negociar una solución pactada con cada cliente, advertía de que el calado real de la sentencia europea habría que verlo caso a caso, juzgado a juzgado.
Ahora, mientras Economía diseña contrarreloj un mecanismo de compensación que espera aprobar este viernes con el apoyo del PSOE, Justicia alerta de que aprobar una solución extrajudicial es vital para no colapsar los tribunales españoles. Así lo advirtió el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, que citando estimaciones del Banco de España expuso que existe un millón y medio de personas que cuentan con cláusulas suelo en sus hipotecas y que tienen derecho a intentar reclamar el dinero por la vía judicial. Sin embargo, expuso, los tribunales en el orden civil ya reciben una media de millón y medio de asuntos anuales, dijo, con lo que judicializar cada cláusula suelo equivaldría a duplicar su carga de trabajo.
“Vamos a trabajar para encontrar una alternativa extrajudicial porque me consta que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación y me consta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial”, concluyó finalmente Catalá, según recoge Efe, antes de participar en unas jornadas sobre la responsabilidad penal de las empresas.
“Queremos que la vía extrajudicial sea una vía rápida y útil”, coincidió horas después el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, quien avanzó, sin embargo, que para que su partido avale la mediación que ultima el Ministerio de Economía está también debe permitir que “se devuelvan las cantidades cuanto antes de manera rápida a los afectados, que se haga sin ningún tipo de quita, que desde el punto de vista fiscal no conlleve ningún recargo, ni ningún tipo de interés de demora en ningún sentido”.
“Y eso se tiene que hacer en una tramitación parlamentaria que debe seguir la vía de un proyecto de ley, un Real Decreto Ley que se tiene que abrir al debate del resto de grupos en comisión”, reclamó, señalando que tras denegar su apoyo al primer borrador presentado por el Ejecutivo, los socialistas están “a la espera de que el Gobierno nos haga una propuesta concreta que poder valorar”.
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