El Ministerio de Empleo ha admitido a la Defensora del Pueblo que en 2015 dejó de gastar 273 millones correspondientes a Formación. En 2016, gracias a que por primera vez hubo una reanualización de fondos, gastó 33 millones. No obstante, todavía restan 240 millones por invertir ya que, según la reforma de formación aprobada ese año, el dinero no gastado debe desembolsarse en los siguientes ejercicios. La información llega a raíz de un expediente iniciado por la Defensora a requerimiento de la patronal catalana Cecot.
El Ministerio de Empleo y los agentes sociales llevan a la greña desde hace tiempo a cuenta de los fondos de Formación y su destino. Uno de los capítulos de esta disputa se está desarrollando ante la Defensora del Pueblo. Esta historia arranca cuando la patronal catalana Cecot recurrió al Sindic de Greuges catalán para conocer el destino de los fondos de formación que Empleo recauda por la cuota del 0,7% sobre la base de cotización. Esta institución autonómica, regida por Rafael Ribó, entendió que la petición era una competencia estatal y remitió la reclamación a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Este organismo pidió información al Ministerio de Empleo, que en su primera respuesta en junio admitió de forma solapada que en ejercicios anteriores parte de lo recaudado se había destinado a otros fines distintos de aquellos para los que se había recaudado. La contestación no satisfizo a Cecot, y a las otras organizaciones patronales y sociales que se adhirieron a la reclamación. Esto llevó a la Defensora a plantear una nueva pregunta por el destino de ese dinero, como adelantó EL PAÍS, con “especial referencia” al ejercicio de 2016.
Empleo respondió el 9 de diciembre del año pasado. En los diferentes escritos que ha enviado a Becerril, a los que ha tenido acceso este diario, el departamento que dirige Fátima Báñez expone que en 2015 quedó un remanente por gastar de 273 millones. No obstante, añade que en 2016 destinó 33 millones de este dinero a la convocatoria de formación que realizó en verano del año pasado. Esta convocatoria estatal de formación ascendió a un total de 250 millones de euros, de los 33 procedían de ese remanente de tesorería del año anterior.
En el fondo de la disputa entre el Ejecutivo y los agentes sociales subyacen varias sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban que los fondos que el Estado recauda para Formación a través de ese 0,7% sobre la base de cotización es dinero finalista. Esto quiere decir que debe gastarse en aquello para lo que se ha recaudado y, en teoría, no puede dedicarse a otros objetivos.
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