El número de empleados públicos ligados al Estado (Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Justicia y empresas públicas) ha pasado de 581.821 a 524.314 trabajadores, lo que supone una merma de 57.507 empleados. En ese período, la plantilla se ha reducido un 9,9%, por encima del ajuste realizado por el conjunto del resto de administraciones generales (-6,4%). Solo las empresas públicas (-34,5%) y las diputaciones y cabildos (-14,2%) han sufrido un recorte superior.
En el otro lado figuran los empleados públicos adscritos a las comunidades autónomas, que suman 1,3 millones de trabajadores (el 55% del total) y que solo han perdido 53.751 trabajadores, un 3,9% menos que en 2012. El ajuste en la Administración General del Estado no se ha moderado con la recuperación económica y se prolongó en el último ejercicio. Los últimos datos de Hacienda respecto a la masa salarial del personal ligado a la Administración General del Estado (funcionarios de carrera en territorio nacional y en el extranjero, interinos, personal eventual y personal en prácticas) revelan que bajó un 0,4% en 2016 hasta los 3.247 millones de euros, situándose en niveles de 2014.
Pero el deterioro ha sido aún mayor en el caso de los funcionarios de carrera, que absorben el 89,5% del total de los salarios. La masa salarial ligada a ese colectivo retrocedió hasta los 2.906 millones de euros, lo que supone un ajuste de 30 millones de euros en el último año y volver a niveles de 2012. En este retroceso ha jugado un papel determinante el límite a la tasa de reposición, que establece el nivel de funcionarios que sustituye a cada uno que se jubila. Una de las primeras medidas adoptadas por el PP cuando llegó al Ejecutivo fue establecer un límite del 10% a esa tasa para los servicios esenciales y dejarlo bloqueada para el resto, lo que suponía que por cada diez funcionarios que salían del mercado laboral solo entraba uno para servicios esenciales (sanidad, seguridad o justicia, entre otros).
Ese esquema se mantuvo en 2013 y 2014 y en 2015 se elevó la tasa al 50% para servicios esenciales. El pasado ejercicio fue el primero en el que se estableció un 100% para servicios esenciales y un 50% para el resto. Esa limitación a la reposición de efectivos desde que llegó Mariano Rajoy al Ejecutivo es la que explica, según CSIF, de que la plantilla de los empleados públicos haya caído en 163.000 personas desde enero de 2012 hasta julio de 2016, de los que una tercera parte proceden de la administración general del Estado.
Powered by WPeMatico