La mesa de diálogo social para intentar mejorar la calidad en el empleo se reunirá hoy por primera vez y los responsables del Ministerio de Empleo acudirán a ella con una propuesta: reordenar los distintos tipos de contratación que existen de forma que solo haya tres. El primero y general será el contrato indefinido, tal y como existe en la actualidad; el segundo sería un contrato de formación que aunaría los dos actuales formativo y en prácticas; y el tercero sería uno temporal causal de indemnización por finalización de contrato, creciente en el tiempo.
Así lo anunció hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su intervención en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) sobre el futuro de las pensiones, donde también precisó que la duración máxima del contrato temporal que plantearán a los agentes sociales será de dos años, ampliable a tres años por convenio colectivo. Además, dijo que la indemnización creciente sería de 12 días al finalizar el primer año de contrato; de 16 en el segundo año y de 20 días en el tercero.
Como también recordó Báñez, esta propuesta no es nueva, ya que era una de las 150 medidas pactadas por el PP y Ciudadanos en su acuerdo de investidura para la formación del actual Gobierno. Asimismo, de salir adelante esta reformulación de la contratación, los interinos estarían incluidos dentro de los contratos temporales y, por lo tanto, recibirían la misma indemnización, zanjando parte de la polémica suscitada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en noviembre dio un tirón de orejas a la legislación laboral española por excluir a los interinos de las indemnizaciones por finalización de contrato.
No obstante, la ministra insistió en que esta es solo una “propuesta” que deberá negociarse a partir de ahora con patronal y sindicatos. Si bien admitió que el Gobierno entiende que “podría ser la solución” para acabar con la fuerte dualidad del mercado laboral entre temporales y fijos. De hecho, entre los expertos hay quien piensa que esta indemnización es el principio de un contrato único que, sin embargo, el Gobierno ha rechazado de plano en numerosas ocasiones por considerarlo inconstitucional.
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