Las posiciones se atascaron una vez más en la reclamación de garantías, por parte de los trabajadores, para la subrogación del 100% del empleo una vez que la competencia entre de lleno en la actividad de carga y descarga de mercancías en los puertos. Los sindicatos, liderados por Coordinadora, tomaron al pie de la letra la palabra dada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
El representante del Gobierno afirmó que podrían fijarse garantías para la subrogación en una norma legal distinta al real decreto que incluye la liberalización de la estiba. Y así lo exigen los trabajadores, sin que haya consenso en la mesa de negociación sobre la fórmula. La posición de máximos de Coordinadora es que esas garantías se reflejen directamente en el real decreto. Pese a las diferencias que volvieron a impedir ayer un acuerdo, los estibadores aprecian como “interesante” la oferta de prejubilaciones lanzada el miércoles por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Pero han contraatacado con un plan propio que busca flexibilizar las condiciones de estas jubilaciones anticipadas a cambio de distintas cesiones.
Los sindicatos están dispuestos a una rebaja salarial del 5% para tratar de inyectar competitividad a los puertos y, al mismo tiempo, aportarían un 1% de la masa salarial para atender la suma que surgiera del citado plan de prejubilaciones. Ni la patronal quiso ayer vincularse a una cifra sobre los excedentes de personal en los puertos, ni los sindicatos calcularon cuál sería el efecto de la rebaja salarial. Al respecto, el presidente del CES ha reclamado a los distintos integrantes de la mesa de negociación que bajen más al detalle.
La red de puertos del Estado cuenta con una plantilla de 6.200 estibadores, integrantes de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Estas empresas actúan prácticamente sin competencia y las operadoras de la estiba están obligadas, tanto a participar en su accionariado como a seleccionar de ellas al personal. Ante esta situación, la Comisión Europea ha ordenado al Reino de España romper este monopolio de facto. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha impuesto una sanción, que acumula ya 23 millones de euros, al opinar que el régimen de la estiba contraviene el artículo 49 del Tratado fundacional de la UE, que se refiere a la libertad de contratación y de establecimiento de empresa.
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