La crisis que se llevó por delante a Banco Popular está sirviendo para que los responsables de supervisar y regular el sector bancario saquen conclusiones. Una de las principales lecciones aprendidas es que en el caso de una crisis de liquidez y fuga de depósitos como la sufrida por la entidad española (ahora integrada en el Grupo Santander) son necesarias más herramientas de las que hasta ahora preveía la Unión Bancaria.
El pasado 19 de junio, la máxima responsable del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, reconoció en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios que sería conveniente dar nuevos poderes a las autoridades supervisoras y de regulación «con el fin de reaccionar con la necesaria flexibilidad».
En concreto, Nouy y el resto de responsables del MUS están estudiando la posibilidad de crear nuevas herramientas de pre-resolución, como sería una moratoria que limitara los grandes movimientos de liquidez durante un tiempo determinado mientras las autoridades deciden la mejor solución para una determinada entidad.
El Banco Central Europeo está ultimando una opinión (un dictamen legal específico de este organismo) en la que abordará la conveniencia de una moratoria de resolución, así como la forma de implementarla en la práctica. Así lo ha señalado la propia Nouy en una carta de respuesta a una pregunta del eurodiputado Ernest Urtasun. Aunque aún no está fijada la fecha concreta en que este documento verá la luz, la idea es que en los próximos meses los legisladores europeos puedan contar con el mismo para decidir qué cambios legales serán necesarios en la directiva y el conjunto de la normativa de resolución bancaria.
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