El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha conseguido, tras solicitarlo explícitamente, que Economía incluya una modificación clave en la reforma que traspone la directiva para que los mercados europeos funcionen mejor, Mifid 2. La norma modifica la ley de conservación de las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, en vigor desde finales de 2007.
Esa regulación, que cumple justo ahora 10 años, exige a las telecos que guarden los registros de llamadas y los datos de comunicaciones electrónicas un año, aunque este plazo se puede disminuir reglamentariamente a seis meses o aumentar a dos años.
Esa norma eliminó la capacidad del supervisor de los mercados de exigir esa información, aunque esté investigando posibles abusos de mercado en alguna de sus dos vertientes: utilización de información privilegiada (o insider trading, en la jerga, cuando una persona conoce de antemano que se va a producir una operación corporativa y utiliza ese conocimiento para lucrarse) o manipulación de precios (por ejemplo, difundir información falsa para disparar o hundir una cotización o utilizar para esos mismos objetivos la autocartera).
El Gobierno utiliza la reforma de la Ley del Mercado de Valores para ampliar en qué contextos puede requerirse esa información a los operadores. Ahora los datos se entregan cuando son “requeridos a través de la correspondiente autorización judicial para detener, investigar y enjuiciar delitos graves contemplados en el Código Penal”. El cambio agranda el ámbito a la “investigación y persecución del abuso de mercado en el ámbito del mercado de valores cuando haya sospecha razonable de que se ha cometido una infracción y dichos registros puedan ser relevantes para la investigación”.
También se amplía el número de personas que pueden solicitar esa información. Ahora los denominados “agentes facultados” para exigirla son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando desempeñen funciones de policía judicial, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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