Las Administraciones repartieron, a lo largo de 2016, casi 11.300 millones en subvenciones de todo tipo. Una cantidad «ni grande ni pequeña» de no ser porque los expertos alegan problemas de transparencia y justificación, especialmente en las esferas autonómica y local. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el capítulo de subvenciones es el quinto más caro para el sector público.
En concreto, y según datos de los Presupuestos del Estado 2016 y del plan presupuestario 2018 remitido a Bruselas, las pensiones siguen suponiendo la mayor porción de gasto, con cerca de 140.000 millones. Le sigue la remuneración de funcionarios, que supera los 121.000 millones; la partida de intereses de deuda, de más de 31.405 millones; y la de desempleo, de 18.600 millones el año pasado. Después, y, en quinto lugar, aparecen las subvenciones, con 11.299 millones.
De esa cantidad total, 5.121 millones fueron repartidos por el Estado, mientras que las autonomías concedieron 2.500 millones y las corporaciones locales, 1.470. La Seguridad Social también las otorgó, por valor de 2.100 millones.
En 2017, y pese a la ausencia de Cuentas Públicas hasta julio, el volumen de subvenciones repartidas por las distintas administraciones apenas se reduce. Según el citado plan presupuestario, se han concedido un total de 5.580 millones.
«Es una cifra respetable», asegura Valentín Pich, presidente del Consejo de Consejo General de Colegios de Economistas, quien aun así no quiere valorar si excede lo debido. «Lo importante es que quede justificado por qué se concede una subvención, que al fin y al cabo va a provocar una distorsión en la economía de mercado». Él cree que las subvenciones deben llegar a ámbitos donde se compruebe que esa economía de mercado no funciona bien, aunque prefiere no juzgar algunas ayudas de las que hoy por hoy se conceden.
Larga es la polémica en torno a las subvenciones a las renovables, con economistas como Daniel Lacalle recordando el déficit de tarifa como un «monstruo» creado con ayudas. O las otorgadas al carbón, más de 750 millones anuales según un informe de la organización Overseas Development Institut y por el que ponen gritos en el cielo desde los liberales hasta Greenpeace.
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