La reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta tarde ha finalizado con una nueva negativa a los sindicatos. Las oposiciones docentes de 2018 serán eliminatorias -para garantizar los «principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir estos procesos»- y no incluirán un modelo de acceso especial para los profesores interinos.
A pesar de las demandas de las cinco organizaciones que conforman la Mesa Sectorial del Personal Docente no Universitario (CSIF, STES, FE-CC OO y FESP-UGT), que se han manifestado en la mayoría de las comunidades autónomas, la norma que regula los procesos selectivos de ingreso en los cuerpos docentes solo ha aumentado la ponderación de la fase de concurso hasta un 40% (frente al 33% anterior) y la valoración de la experiencia (pasando de un máximo de cinco a siete puntos), aunque no lo suficiente, a criterio de los representantes de los trabajadores.
Los sindicatos demandaban la implantación de una prueba específica para los interinos, que actualmente representan el 25% del profesorado en España. El objetivo es dar estabilidad a estos profesionales y que cuenten con cierta ventaja respecto a los candidatos que se presentan a las oposiciones por primera vez pues, como subraya el portavoz de STES, Salvador Benavente, los interinos ya superaron estas pruebas, pero no lograron plazas por la falta de vacantes ofertadas por la Administración. Si esta propuesta no era aceptada, los sindicatos reclamaban al menos un sistema transitorio de acceso a la función pública docente de cinco años, como el que se desarrolló en 2007 con la LOE, que incluya pruebas no eliminatorias, una mayor optatividad en la elección de los temas y un incremento del valor de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la ley (45%).
Puesto que sus demandas no han sido escuchadas y el reglamento saldrá adelante a mediados de febrero, los representantes de los trabajadores plantean nuevas protestas a partir de entonces, una vez hayan hecho las consultas pertinentes en todos los territorios. Por el momento, las comunidades gobernadas por el PSOE acatarán la decisión del Ministerio pese a estar de acuerdo con las peticiones de los sindicatos.
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