Los números rojos del sistema de pensiones volvieron a batir un récord el pasado año al sumar 18.800 millones de euros al cierre del ejercicio 2017. Esto supone el 1,61% del PIB, lo que supone seis centésimas menos que el déficit que registró el sistema en 2016, cuando representó el 1,67% del PIB (18.537 millones de euros).
Así lo ha anunciado la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha precisado que, según estos datos, el pasado año se produjo un punto de inflexión en la senda del déficit, ya que, aunque fue creciente, aumentó por primera vez menos que en 2016.
Es más, si se contabilizan los saldos positivos del Servicio Público de Empleo (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -que junto al sistema de pensiones conforman toda la Seguridad Social- el agujero disminuye hasta los 16.800 millones de euros, el 1,43% del PIB frente al 1,62% del 2016 (17.757 millones de euros). No obstante, las cifras definitivas de este déficit no llegarán hasta marzo, cuando se confirme, entre otras cosas, la cuantía oficial del PIB de 2017.
Esta inflexión en la senda creciente del déficit se ha producido, según la ministra, por la recaudación récord registrada el pasado año por la Seguridad Social, cuando los ingresos por cotizaciones crecieron un 5,36% hasta 109.166 millones de euros, mientras que el gasto en pensiones aumentó un 3,15%. “Esta buena evolución de los ingresos nos permite dar una gran noticia: hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit de la Seguridad Social. Hemos iniciado la vuelta a equilibrio del sistema”, ha dicho una satisfecha Báñez.
Este récord recaudatorio ha sido posible, pese a haber un millón menos de afiliados que a finales de 2007, por distintas causas. La ministra apuntó algunas de ellas como la ampliación de las bases de cotización; el incremento de las bases máximas; la mejora del sistema recaudatorio; la lucha contra el fraude o, la que destacó con más ahínco: la mejora de la calidad del empleo.
Según sus datos, la prueba de que dicha calidad no es mala, tal y como argumentan la oposición y los sindicatos, es que los ingresos del Régimen General -al que pertenecen más de 8 de cada diez cotizantes- crecieron el año pasado un 6,2% frente a un avance del empleo asalariado del 4,2%. “Esa diferencia de dos puntos se explica por el aumento de la base media de cotización de los trabajadores, porque ha mejorado la calidad del empleo”.
Para Báñez, a esta situación se ha llegado “pagando más y mejores que nunca y manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas”. Precisamente, en este punto, ha defendido que no ha habido deterioro del poder de compra de los más de 8,5 millones de beneficiarios de pensiones durante la crisis.
Según sus cálculos, para los que utiliza la evolución acumulada de la inflación, los pensionistas han ganado un 0,03% de poder adquisitivo entre 2007 y 2017. Si bien ha precisado que desde el inicio de la aplicación del índice de revalorización -que limita el aumento de las pensiones al 0,25% mientras el sistema esté en número rojos- en 2014 hasta finales de 2017, el colectivo de pensionistas ha perdido una décima de poder adquisitivo.
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