Los notarios han remitido al Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un total de 5.000 operaciones en los últimos doce años en las que han detectado indicios de delito de blanqueo de capitales. En concreto, el año pasado notificaron 544 actuaciones delictivas.
En la compra venta de viviendas, en la práctica, el notario tiene que dejar por escrito tanto cómo se paga la señal de la vivienda que se va a adquirir; así como el resto del importe: si se hace en efectivo, con cheque, a través de transferencia bancaria o dejar constancia de que se ha constituido una hipoteca. Pero, aun así, en ocasiones perciben indicios de que se trata de operaciones extrañas porque, por ejemplo, “si se quiere pagar una vivienda de 4 millones de euros con una sociedad creada hace un par de meses con un capital de 3.000 euros, algo raro hay detrás de esa operación” aclaran fuentes notariales.
Tras la creación en el seno del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), los notarios tienen la obligación de notificar los casos que intuyan que pueden tener delincuencia económica. Después, este organismo cruza datos y en caso de ver indicios suficientes los envía al Sepblac para que continúe la investigación. Es más, los notarios están obligados a comprobar si el precio de venta de la vivienda corresponde con los precios medios que hay operativos en la comunidad autónoma porque si se percibe precios muy inferiores a los que hay en el mercado significa que fuera de la notaría se va a pagar una parte en b. Y si el precio de la vivienda es muy alto también se puede entender que existe alguna trampa económica detrás de la operación.
Una de las ventajas de los 2.800 notarios es que sus operaciones están parametrizadas y volcadas en el índice único informatizado notarial, que cuenta con 116 millones de documentos notariales. De hecho, esta base de datos es la segunda mayor que existe en España, tras la de la Agencia Tributaria.
El OCP ha atendido desde su constitución 160.000 solicitudes de información de las autoridades. En concreto, el año pasado dio respuesta a 20.000 peticiones. Las mismas fuentes del Consejo del Notariado explican que sólo pueden solicitar datos “jueces, fiscales y policía involucrados en la lucha contra el lavado de dinero negro”.
Para las operaciones empresariales, otra herramienta fundamental con la que cuentan los notarios es la base de datos de titular real. Creada en el año 2012, su misión es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra ese tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedades pantalla. De hecho, en el caso de los papeles de Panamá salieron muchas sociedades de deportistas, políticos o empresarios constituidas para evadir el pago de impuestos en la agencia tributaria española.
En esa base de datos de los notarios están acreditados los titulares reales de más de dos millones de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
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