“El envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, argumenta el Banco de España. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Europea, el gasto público por el envejecimiento subirá hasta 2050 en unos 3,5 puntos de PIB, casi 40.000 millones calculados con el PIB actual. En cuanto al sistema de pensiones, según el Banco de España las reformas aprobadas lograrían en un contexto económico favorable que el agujero se reduzca.
No obstante, si no se buscan ingresos adicionales, la corrección se produciría solo por un recorte de la pensión pública respecto al salario medio, lo que en la jerga se llama tasa de sustitución. Esta caería unos 20 puntos, desde el entorno del 60% al 40% del sueldo medio, según cifras del ejecutivo comunitario. Es decir, los jubilados tendrían una menor capacidad adquisitiva al duplicarse el número, pero mantenerse el gasto en pensiones sobre PIB.
“De cara al futuro, la clave consiste en delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada. De los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos de los ingresos del sistema muy significativos”, señala. O lo que es lo mismo, habría que subir demasiado los impuestos para mantener la generosidad actual. Por este motivo y justo cuando se han vuelto a subir las prestaciones con la inflación, la entidad recomienda que en cualquier caso “se mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad”.
Además, el banco sostiene que “las tendencias demográficas tendrán efectos negativos sobre el crecimiento potencial de la economía”, lo que deprimirá la productividad y el número de personas en edad de trabajar. De ahí que abogue por “una mayor participación de los grupos de más edad en el mercado de trabajo”, y por políticas que fomenten la conciliación familiar, la natalidad y la inmigración.
El otro lastre para la productividad se halla en el mercado laboral, muy marcado por la elevada temporalidad, la baja formación y el alto número de parados que llevan demasiado tiempo sin ocupación. «La calidad de los puestos de trabajo creados es, en muchos casos, mejorable», reconoce el organismo. El informe destaca que la ratio de temporalidad sigue siendo la más elevada de los países del euro, que “hay evidencia de una menor duración de los contratos temporales recientes” y que, en consecuencia, existe una mayor rotación de los trabajadores.
En esas circunstancias, parece difícil que un empleado pueda ganar experiencia y, por tanto, productividad en la empresa. Combinado con un bajo nivel educativo y un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial involuntarios, “todo ello ha llevado a una reducción del número de horas efectivamente trabajadas, con consecuencias no solo en la productividad media, sino también en la desigualdad de los ingresos laborales”, concluye. Incluso si la desigualdad está mejorando con la creación de empleo, esta se deterioró mucho con la crisis, afirma el Banco de España.
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