España recibirá 34.004 millones de euros de la política de cohesión europea para el período 2021-2027, un 5% más que en el marco financiero 2014-2020, según la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea (CE) para regular la distribución de esta partida dentro del próximo presupuesto plurianual.
España se llevará en concreto el 10,2% del total de los 330.624 millones de euros (en precios constantes de 2018, sin tener en cuenta la inflación) con que cuenta en total la partida, que ha sufrido un recorte del 5% en comparación con el marco precedente. Esto convierte al país en el tercer mayor beneficiario de estas ayudas en términos absolutos, sólo por detrás de Polonia, que recibirá 64.396 millones, e Italia, que se beneficiará de 38.564 millones.
El Ejecutivo comunitario presentó hoy las propuestas legislativas que rigen la atribución de estos fondos, divididos entre Fondos Estructurales y Regionales (200.629 millones para el conjunto de la UE), el Fondo de Cohesión (41.349 millones) y el Fondo Social Europeo (88.646 millones).
Bruselas propone introducir nuevos criterios para otorgar estos fondos, destinados a paliar las diferencias socioeconómicas entre los países y regiones de la Unión Europea (UE), que hasta ahora se han otorgado en función del producto interior bruto (PIB), teniendo en cuenta la diferencia entre la media europea y la cifra de la región en cuestión.
A partir de 2021, el PIB seguirá siendo el factor predominante, pero se tendrán también en cuenta nuevos criterios ligados la tasa de paro, en particular el juvenil, la recepción e integración de inmigrantes, el cambio climático y el bajo nivel educativo, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Esto explicaría el aumento de los fondos para España, que ha sufrido los efectos de la crisis económica más que otros países comunitarios.
«Muchas regiones aún lidian con altas tasas de paro, otras enfrentan inmigración, no podemos olvidar esto», dijo en rueda de prensa la comisaria de Política Regional, Corina Creta, quien señaló que el criterio relativo a la inmigración tiene poco peso y es más bien un «incentivo» para países que, como Alemania, han asumido una gran carga con la crisis migratoria.
Además, la CE quiere «reforzar» el vínculo entre la concesión de fondos y el Semestre Europeo, el ciclo de vigilancia presupuestaria por el que recomienda reformas a los Estados miembros.
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