La otra cuestión que el Gobierno quiere sacar adelante y para la que, en principio, tampoco tendría el apoyo empresarial, es la nueva exigencia de que las compañías lleven un registro horario de todos sus empleados. “Quieren ponerse muy duros en el control del tiempo parcial y de las horas extraordinarias –indica un responsable patronal– y para eso establecen el control de registro horario”.
Con ello, el Gobierno obligaría por ley a que todas las empresas guardaran el registro de cuándo sus empleados entran y salen de trabajar, para facilitar a la Inspección de Trabajo que calculen las horas extra y el tiempo parcial de los trabajadores.
Actualmente, la ley solo recoge la obligatoriedad de que el empresario registre las horas extraordinarias de sus empleados. Hace dos años la Inspección de Trabajo empezó a exigir el registro horario de toda la jornada para poder determinar si se hacían o no horas extraordinarias. Aquello despertó numerosas críticas de las empresas, a las que el Tribunal Supremo terminó dando la razón al indicar que la ley actual solo exige el registro de las horas extras y no del resto de la jornada.
Ahora el Gobierno quiere cambiar la ley para que este registro empresarial obligatorio afecte al horario completo del trabajador. Fuentes patronales insisten en que los empresarios no pueden estar en un acuerdo que incluya, entre otras estos dos cambios legales. A este desacuerdo sobre el contenido de los cambios que pretende acometer el Gobierno, se une la incógnita de la herramienta legal que usará el Ejecutivo para llevarlas a cabo.
Fuentes de esta negociación aseguran que el Gobierno ha descartado que estas medidas pudieran tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, apostarán por un Real Decreto Ley que incluya todas las modificaciones de la normativa laboral.
También en este punto tienen en contra a los empresarios que consideran que “ninguno de estos cambios justifica la urgencia que exige un Real Decreto”. Fuentes de esta negociación aseguran que, por ejemplo, en el caso del registro horario, el Gobierno argumentará dicha urgencia por la realización de 2,7 millones de horas extraordinarias sin justificar. Y, dado que Trabajo optará por un decreto, el PSOE deberá dejar morir una iniciativa legislativa que perseguía este mismo registro.
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