El Gobierno tiene previsto revalorizar las pensiones de 2018 con el IPC de diciembre para compensar la pérdida de poder adquisitivo, según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio. Teniendo en cuenta las previsiones de inflación para final de año, esto supondría un coste para la Seguridad Social que rondaría los 386 millones de euros.
En el acuerdo de Presupuestos, el Gobierno se comprometió con Unidos Podemos a que, en el caso de que la subida de los precios superase el 1,6% al final del año, los 8,6 millones de pensionistas recibirían una paga compensatoria a principios de 2019 para igualar dicha alza, con el fin de no perder poder adquisitivo.
El objetivo del Ejecutivo, sin embargo, es que el IPC cierre el año por debajo del 2%, varias décimas por encima del 1,6% previsto en los Presupuestos. De cumplirse esas previsiones, y teniendo en cuenta que, según fuentes de Trabajo, cada décima de desviación costará 128,6 millones de euros, el gasto de la actualización retroactiva de las pensiones para 2018 se elevará a los 385,8 millones de euros si cierra en el 1,9%. Además, dado que esa paga se consolida habitualmente en la nómina de las pensiones para el año siguiente, habría que multiplicar por dos esa cantidad, lo que resultaría en un gasto de 771,6 millones de euros entre 2018 y 2019.
Hasta ahora, la duda estaba en saber si Trabajo usaría como referencia el IPC de noviembre, tal y como se procedía hasta la reforma del 2013 llevada a cabo por el PP –que implicó la aplicación del denominado índice de revalorización de las pensiones–, o el de diciembre, como había acordado con Podemos. Dado que el dato definitivo de la inflación de diciembre no se sabrá hasta enero, este cambio podría retrasar el abono de la paga hasta febrero.
Otros indicadores, como el panel de expertos consultado por el think tank Funcas, prevén en cambio que la inflación a cierre de año sea algo menor, del 1,8% en lugar del 1,9%. Esto supondría dos décimas por encima de lo previsto en los Presupuestos, lo que reduciría el gasto de la paguilla a 257,2 millones de euros este año, y a 514 millones si se suma la revisión de 2019.
Durante su intervención, la ministra Valerio ha afirmado que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom.
Valerio ha subrayado que no hay que tener una «visión catastrofista» de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está «bastante tocado» y el sistema, endeudado.
«Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema», ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.
Respecto al acuerdo sobre las cotizaciones de los autónomos, alcanzado la semana pasada con la las organizaciones ATA, UPTA y CEAT, la ministra se ha mostrado convencida de que «esta semana [el pacto] estará totalmente definido», tras haber sido sometido a debate en la mesa del diálogo social. Valerio ha remarcado que el acuerdo permitirá equilibrar las aportaciones de los autónomos al tiempo que les dotará de mayor protección, mejorando las prestaciones por contingencias comunes y profesionales.
La responsable de la cartera de Trabajo ha añadido que este acuerdo supone un régimen transitorio, ya que la voluntad del Gobierno es avanzar el año que viene hacia un sistema de cotización según ingresos reales, con el fin de «dar un trato diferenciado a aquellas personas que tengan ingresos por debajo del SMI». «Pero un sistema de ingresos reales no se improvisa», ha remarcado la ministra, al tiempo que ha explicado la «dificultad de un sistema para el que hay que cruzar millones» de cotizaciones y tributaciones.
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