El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo para impulsar en enero los Presupuestos Generales de 2019 que ha pactado con Unidos Podemos y para los que, de momento, no cuentan con apoyos adicionales que garanticen su aprobación. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el envío al Congreso de los Diputados de sus nuevos objetivos de estabilidad para el próximo ejercicio.
Se trata de las previsiones que el Ejecutivo ya remitió al Bruselas en el marco del plan presupuestario y que incluyen cerrar este año con un déficit público del 2,7% (aunque la ministra portavoz ha admitido este viernes que podría desviarse hasta el 2,8%), para rebajarlo al 1,8% el próximo año y al 1,1% en 2020.
Su aprobación en el Consejo de Ministros, por segunda vez tras el fracaso en su tramitación el pasado verano, es un trámite para garantizar que PP y Ciudadanos no bloquean la presentación de los Presupuestos. Sin embargo, los populares aún tienen poder para bloquear la nueva senda en el Senado con lo que previsiblemente el Gobierno se vea abocado a presentar unas nuevas cuentas basadas en el déficit anterior, más restrictivo. De hecho, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha admitido que «obviamente, el Gobierno presentará sus Presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara» en ese momento.
De mantenerse la actual, como es de esperar, el Gabinete de Sánchez deberá adaptar sus cuentas para que, al menos sobre el papel, permitan cerrar 2019 con un déficit del 1,3%. Eso son cinco décimas menos de PIB que lo que tienen previsto lo que suponen unos 6.000 millones de euros de los que solo 1.200 millones corresponden a la administración general y que podrían traducirse en un recorte en inversión pública. El resto minaría los recursos de comunidades autónomas y Seguridad Social, si bien cabe la posibilidad de que luego esos objetivos se incumplan y se acabe el año con un déficit superior, como ya pasará este año.
Fuentes conocedoras del proceso explican, no obstante, que la Abogacía del Estado ha aconsejado tramitar de nuevo la senda de déficit para evitar que el trámite presupuestario se vea paralizado por un defecto de forma.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió esta semana que, si sus cuentas públicas para 2019 no logran apoyos suficientes para salir adelante, el déficit del año próximo solo bajará hasta el 2,2%, gracias exclusivamente al crecimiento económico esperado por el ciclo expansivo actual. Organismos como el Fondo Monetario Internacional consideran que el agujero público ni si quiera se rebajará tanto, sino que caerá al 2,4%.
El plan del Gobierno pasa por elevar el gasto conjunto de todas las administraciones públicas un 3,1%, elevándolo desde los 499.841 a los 515.552 millones de euros. Un alza, dirigida a reforzar los servicios sociales, que se vería compensada por un incremento de ingresos previsto del 5,7%.
Es decir, la recaudación pública pasaría de 466.891 millones a 493.329 millones, reduciendo la diferencia entre ingresos y gastos de 32.950 millones a solo 22.223 millones, lo que permitiría hacer efectiva la rebaja del déficit prometida.
Estos cálculos se basan en la puesta en marcha de la nueva reforma fiscal pactada con Podemos, que incluye alzas del impuesto de la renta y el ahorro para rentas altas, un incremento del tributo por Patrimonio o fijar un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades.
Descartado un posible adelanto electoral tras el varapalo recibido por el PSOE en las elecciones andaluzas del pasado domingo, el Gobierno prevé aprobar los Presupuestos en uno de los Consejos de Ministros de enero para su remisión al Parlamento, según ha confirmado esta semana el propio presidente, Pedro Sánchez.
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