El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado una revisión al alza de los contratos públicos para que las empresas puedan afrontar los costes derivados de una posible reforma laboral, para la que ya hay un preacuerdo entre UGT, CC. OO. y el Gobierno del PSOE.
Garamendi también se ha referido a otro pacto, en este caso al alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos, que será suscrito la próxima semana en Barcelona para fijar el salario mínimo interprofesional en 900 euros, con un incremento del 23 %. CEOE, ha recordado su presidente, firmó este verano un acuerdo nacional de convenios que contempla fijar esa retribución en 1.000 euros y con catorce pagas anuales, pero a partir de 2020.
Sobre estos acuerdos que no incluyen a las empresas, Garamendi ha añadido que las compañías se sienten «arrolladas por la marea política». Con la citada subida salarial del 23 %, los márgenes de beneficio en los contratos públicos se reducen mucho, en su opinión. Incluso ha comentado que, a una empresa en concreto, cuyo nombre no identificó, «esta broma le cuesta ocho millones». Con estas condiciones, «nadie va a presentarse» a estos concursos, ha concluido.
Garamendi ha impartido una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao en la que ha reconocido el riesgo regulatorio de los países, aunque a ha calificado el preacuerdo de reforma laboral con los sindicatos de propio «de un país bananero».
Sobre la contrarreforma laboral pactada con los sindicatos, el presidente de la CEOE ha desvelado durante su conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao que ayer recibió una llamada de teléfono de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para disculparse por no haber tenido al tanto de este proyecto a la organización empresarial. «Esto no es diálogo social», que si se produce cuando hablan primero las empresas y los sindicatos y luego se sientan a negociar acuerdos con el Gobierno, ha concluido. La CEOE ha traslado su «enfado» por esta situación al Gobierno.
A preguntas de los asistentes a su conferencia en Bilbao, Garamendi analizó varios puntos de esa reforma. En relación con el salario mínimo, defendió que hay que tener en cuenta las diferencias de precios, en relación con el coste de la vida, entre las comunidades autónomas. Sobre la primacía de los convenios sectoriales sobre los de cada empresa, primero hay que defender «la libertad de cada compañía», así que CEOE no comparte este criterio.
La ultraactividad (prórroga automática de los convenios hasta que no se pacte uno nuevo), tampoco le gusta a Garamendi, que recordó que durante la crisis se aplicó una subida salarial del 4 % entre las empresas de la construcción cuando este sector era el más afectado por la recesión. Un hecho que no ayudó a su reactivación, a su juicio.
Sobre el cambio planteado en el Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la retribución de las subcontratas, Garamendi sí reconoció que este apartado puede haber generado «una bolsa de empleo precario», como en el caso de las camareras de piso de los hoteles, un ejemplo que citó expresamente.
Antes de su conferencia, Garamendi declaró a los medios de comunicación que la contrarreforma laboral en su conjunto supone, en alusión al Ejecutivo, que «el árbitro sale al campo de la mano del equipo contrario».
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