Los empresarios proponen que, después de las próximas elecciones generales del 28 de abril, se impulse una nueva agenda de reformas estructurales y diversos pactos de Estado que permitan afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro, según el documento aprobado hoy por la Junta Directiva de CEOE. El informe plantea más de un centenar de propuestas en una veintena de áreas.
Entre las propuestas se recoge el aumento de la edad de jubilación a medida que suba la esperanza de vida, rebajas en el Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones empresariales, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, «que en la actualidad alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas».
La Confederación ha detectado cuatro grandes riesgos: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado. Según los empresarios, si estos riesgos se materializan «se podría acelerar la tendencia a la desaceleración que ha iniciado la economía española”. Asimismo, destacan que “el nuevo Gobierno tiene en sus manos la capacidad de reducir, e incluso eliminar estos riesgos internos y revertir la desaceleración”.
Ante esos cuatro riesgos, plantea cuatro grandes líneas de actuación, donde se engloban todas sus propuestas: garantizar la estabilidad política e institucional; intensificar el proceso de consolidación fiscal; continuar el proceso de reformas estructurales, y apostar por la unidad de mercado.
En ese sentido, la patronal subraya que “la estabilidad política es equivalente a credibilidad y seguridad jurídica y condición necesaria para que se mantenga, e incluso mejore, la confianza de los ciudadanos empresas e inversores en nuestro país”. Según los empresarios, “la actividad empresarial se ve beneficiada cuando el clima político se caracteriza por la moderación y el encuentro, como base de la sostenibilidad de las instituciones que configuran nuestra economía de mercado: la libertad de empresa y el derecho de propiedad”.
La CEOE considera que hay que “continuar el proceso de reformas estructurales” llevando a cabo una política económica que resuelva problemas como el bajo crecimiento potencial debido a la elevada tasa de paro; la dificultad para reducir el déficit a pesar de los altos ritmos de actividad y de empleo; el envejecimiento poblacional; la baja productividad, o la elevada deuda exterior.
El documento explica que “el único momento en el que suelen acometerse reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura, sin perjuicio de que sus efectos favorables se mantengan a lo largo del tiempo”. Por ello, los empresarios creen que hay que “mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes”.
En Seguridad Social, propone revisar su financiación, «separando lo que es contributivo de lo que no lo es para que lo primero se financie con las cotizaciones de empresarios y trabajadores y segundo a través del Estado». «Ello permitiría», añade, «una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario». En ese sentido, se queja de la que las cuotas empresariales a la Seguridad Social son «considerablemente superiores» a la media europea y suponen un impuesto sobre el empleo y la competitividad de las empresas, por lo que insta a rebajarlas.
También reclama una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones, especialmente de la incapacidad temporal derivada de enfermedad común, y la puesta en marcha de reformas simultáneas en el sistema «en varios frentes», como la lucha contra el fraude en las cotizaciones y el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida. Asimismo, apuesta por reformar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y una mayor transparencia y disponibilidad, y pide mejorar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo laboral.
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