La ministra de Economía, Nadia Calviño, se comprometió a que un Gobierno liderado por el PSOE emprendería la reforma del sistema nacional de vigilancia del sistema financiero. Y, el pasado lunes, la segunda persona que más manda en el Banco de España defendió durante una conferencia en la Universidad de Navarra que el modelo que debe seguirse es el de dos supervisores, cada uno centrado en una labor específica.
Conocido en la jerga regulatoria como twin peaks, este sistema consiste en que haya un único vigilante de la solvencia del sector financiero y otro encargado de hacer que todas las entidades que vendan productos u ofrezcan servicios financieros se comporten de manera adecuada. En la práctica, esta fórmula traspasaría una parte importante de los actuales poderes de supervisión del Banco de España a la CNMV.
El organismo que preside Sebastián Albella se ocupa ahora de controlar los mercados de renta variable y deuda y también es el responsable de que se cumplan las normas de comercialización de algunos, pero no todos, productos financieros. Entre ellos, los fondos de inversión, los productos cotizados (acciones o bonos, por ejemplo), los derivados (opciones, futuros, y warrants, entre ellos) y los estructurados o depósitos que incluyen un derivado en su composición.
La paradoja es que la CNMV no tiene competencias en la comercialización de productos de préstamo (léase, créditos al consumo, hipotecarios y los vinculados a tarjetas de crédito) y de los depósitos clásicos. La actual legislación tampoco le permite ocuparse de la venta de los seguros de ahorro, en la práctica un producto financiero más que se ofrece en las ventanillas de los bancos.
Entre ellos, los seguros de ahorro a largo plazo (Sialp), los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), los planes de previsión asegurados (PPA), los seguros de rentas vitalicias o los unit linked. Además, tampoco tiene capacidad de actuación sobre los fondos de pensiones. Todos estos instrumentos caen bajo la batuta supervisora de la DGSFP, un organismo que ni siquiera es independiente, sino una dirección del Ministerio de Economía.
El cambio eventual tendría como consecuencia que la CNMV habría de ocuparse de velar por la integridad del mercado y, al mismo tiempo, de la comercialización de todos los productos financieros sin distingos de ningún tipo.
A cambio, el Banco de España tendría que hacerse cargo del control de la solvencia de las empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores), gestoras de fondos de inversión y de capital riesgo y, previsiblemente, también de los fondos de pensiones, así como de las aseguradoras. Quedaría por dilucidar el papel de la DGSFP en el nuevo esquema de supervisión.
Es decir, si es más eficiente que sus funciones se repartan entre el Banco de España y la CNMV. La reforma propuesta por el anterior Ejecutivo apostaba por su transformación en una agencia independiente, pero que siga en un sistema de doble supervisión no tendría, a priori, sentido.
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