El Ejecutivo se dispone a oficializar una vía de diálogo entre los cientos de miles de clientes con cláusulas suelo hipotecarias y sus entidades financieras para tratar de evitar que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que obliga a la banca a devolver con retroactividad plena todo lo cobrado por estas condiciones cuando sean opacas– colapse la justicia española. Para ello, el Ejecutivo prevé aprobar por decreto ley un mecanismo extrajudicial que permita agilizar las reclamaciones sin acudir a los tribunales, explicó ayer en el foro Spain Investors Day el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmando que el asunto será tratado por el Consejo de Ministros del próximo viernes.
El sistema que impulsará el Ejecutivo permitirá que los hipotecados se pongan de acuerdo directamente con sus entidades bancarias sobre la cantidad a devolver y su forma de pago. El último borrador de la norma que baraja el Gobierno fija un plazo máximo de tres meses para que las reclamaciones que la banca considere justificadas se traduzcan en la devolución del dinero. El procedimiento, detallan desde Economía, será voluntario para el particular y obligatorio para las entidades. Si las partes no llegan a un acuerdo, eso sí, seguirá disponible la vía judicial.
El ministro de Economía matizó ayer, antes de entrar en una comida con inversores, que aunque se trate de acuerdos privados, el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar “cauces” para la agilizar las devoluciones y subrayó que este sistema de reclamaciones extrajudiciales será y gratuito para los particulares.
El impulso de este sistema de mediación responde a la reciente sentencia europea que especifica que la banca debe devolver lo cobrado por las cláusulas suelo opacas, aquellas que no sean transparentes, con retroactividad total y no únicamente desde que lo dijera el Tribunal Supremo español en mayo de 2013. Las cláusulas suelo, aquellas que limitan la rebaja de cuota de la que puede beneficiarse un hipotecado frente a la rebaja real del euríbor, comenzaron a activarse en 2009 debido a la caída de tipos con lo que algunas entidades deberán devolver lo cobrado por ellas durante los últimos ocho años.
El Banco de España estima que el impacto de la sentencia europea, de obligado cumplimiento, puede costar al sector financiero español unos 4.200 millones de euros. La banca ha defendido, sin embargo, que sería preciso estudiar caso a caso en los juzgados y que no aprobaría una devolución generalizada lo que ha hecho temer al Ministerio de Justicia un colapso de los tribunales del país.
Para evitarlo, y facilitar una solución para los miles de afectados –1,5 millones de familias según cálculos oficiales que algunas fuentes elevan a tres millones– el Ejecutivo ultima este mecanismo de compensación extrajudicial, para el que espera el apoyo del PSOE.
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