El rescate a la banca ha costado al menos 60.718 millones de euros, según ha informado el Tribunal de Cuentas en base a datos de cierre de 2015. La cifra es similar a los 61.495 millones en los que el Banco de España había cifrado las ayudas en un informe publicado el pasado septiembre y que arrojaba que solo se ha recuperado el 5% de las ayudas financieras realizadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros, explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria.
La operación que más ha costado es el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc, que se ha llevado 12.676 millones de las cuentas públicas. Está incluso por encima de lo que ha costado rescatar a Bankia y su matriz BFA, que han supuesto un desembolso de 12.347 millones de euros. En cualquier caso, es esta última la que más ha centrado la atención en los últimos años, ya que el Gobierno aún posee una participación del 65%, de la que se deberá desprender antes de 2019.
Por detrás se sitúa el Banco CAM, con un coste de 11.065 para los españoles, mientras que Novacaixagalicia ha supuesto otros 9.159 millones. No obstante, el Tribunal de Cuentas aclara en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria que “los recursos públicos comprometidos” en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas sólo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros.
Al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un máximo de 85.965 millones, aunque el saldo vivo de la única emisión sin amortizar es de 1.059 millones.
El Tribunal de Cuentas afea algunas de las decisiones adoptadas por el fondo de rescate español, el FROB. Entiende que exceptuando dos casos no aprobó un procedimiento que estableciera las reglas básicas a aplicar en cada una de las ventas de entidades de crédito, por lo que recomienda que cada proceso comporte “un documento regulatorio del proceso que establezca sus reglas básicas”.
Asimismo, pide mayor transparencia. Recomienda “un sistema de contabilidad analítica que permita conocer de forma directa e inmediata los recursos aplicados en cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.
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