La temida deslocalización empresarial no es un fenómeno que afecte sólo a los países, sino que también se observa con cierta intensidad entre las comunidades autónomas españolas. Miles de empresas cambiaron su sede social a lo largo del último año hacia otra región, tratando de buscar las mejores condiciones para su negocio, dejando un claro escenario de ganadores y perdedores.
Los expertos señalan que los impuestos y la regulación son los dos grandes motivos del traslado de sedes. Entre las primeras, Madrid, impulsada por su estabilidad institucional, los beneficios para las empresas y el efecto capitalidad. Entre las segundas, Cataluña, donde el desafío secesionista está saliendo muy caro, en términos económicos. Más de 800 empresas abandonaron esta región a lo largo de 2016 para dirigirse a otras región española, de acuerdo con los datos del registro mercantil recogidos por la empresa española de ráting Axesor.
Este dato supone un auténtico mazazo para el tejido empresarial catalán ya que, por cada tres empresas que se van, sólo dos deciden trasladarse del resto de España a Cataluña. Esto supone una pérdida neta de 271 compañías el último ejercicio. Y no se trata de una cifra aislada, ya que durante los últimos nueve años, el periodo al que se remonta la base de datos de Axesor, la comunidad no ha dejado de padecer la fuga de empresas.
Y este saldo negativo se ha visto disparado conforme se incrementaba la presión fiscal a particulares y empresas e intensificaba el desafío nacionalista. Así, en los últimos años de José Montilla, se perdieron 288 empresas al año, y la salida se suavizó durante la primera legislatura de Artur Mas, hasta las 202 compañías por ejercicio. Sin embargo, en la segunda, cuando CiU fue de la mano de ERC en una legislatura centrada en la convocatoria de la consulta independentista, la cifra de compañías exiliadas se disparó hasta 328 por cada ejercicio.
En el primer año de Carles Puigdemont, la cifra ha sido más abultada que en 2015, aunque más moderada que en el conjunto de la legislatura anterior. Con todo ello, desde 2008 hasta 2016, la región arroja la pérdida neta de 2.522 compañías. Sin embargo hay un gran punto negro en el mandato de Puigdemont, ya que las empresas que se han ido son significativamente más grandes que las de años anteriores. Así, estas 271 compañías que se trasladaron a otras comunidades tienen una facturación de 909,7 millones de euros al año, más del triple que la cifra de negocios de las compañías que se fueron el año anterior. Además, se trata de la mayor sangría de todas las comunidades. Por detrás de ella, y a mucha distancia, se encuentra Navarra, que ha perdido 76 empresas en el último ejercicio.
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