Londres ya cuenta con un gravamen del 20% en su impuesto sobre sociedades, por debajo de países como España (25%) y tiene en mente colocarlo en el 17% en 2020. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer hasta acercarse a Irlanda, la “bestia negra” tributaria, que atrae empresas con una tributación del 12,5%. La entrevista que mantendrán mañana May y el presidente de EE UU, Donald Trump, así lo pondrá en evidencia. Ambos países circulan por una nueva senda, la de potenciar sus mercados nacionales (sobre todo, el tejido industrial) con bajadas de impuestos y acuerdos bilaterales, lejos de ataduras de pactos multilaterales como los que pueda ofrecer la UE o la OMC.
El plan May no está exento de dificultades. La rebaja de impuestos deberá ser ordenada si se quiere atajar el déficit fiscal. Y Bruselas estará al quite de que no se produzcan “terremotos fiscales” antes del brexit. Además, se imponen otros inputs como la necesidad de mantener a la City como epicentro mundial de los servicios financieros. Todo un reto, que se afrontará, sin duda, con menores impuestos.
La decisión de Reino Unido de abandonar la UE sigue generando incertidumbres sobre lo que será su relación con Bruselas, una vez que se vea libre de sus ataduras. La premier Theresa May ha dejado clara su intención de ir a fórmulas de “brexit duro”, es decir, salida rápida y sin solución intermedia que cercene la libertad de Londres, decisión que, no obstante, debe ser avalada aún por su Parlamento.
May, en un ejercicio de ambigüedad calculada, apela, no obstante, a la responsabilidad para que no se produzcan “penalizaciones” por la UE en el camino iniciado tras el referéndum de 2016. Su ministro de Economía, Philip Hammond, ha insinuado la conversión en un paraíso fiscal. “El país no se rendirá; haremos lo que tengamos que hacer para seguir siendo competitivos”, asegura el político moderado, que votó en su día por la permanencia en la UE. ¿Puede convertirse Londres en una suerte de paraíso fiscal a la vieja usanza para defenderse de la supuesta venganza de las hordas comunitarias?
Lo primero es definir lo que se entiende por paraíso fiscal, ya que ni siquiera los miembros de la UE se ponen de acuerdo (a fecha de hoy, no hay una lista única) pese a los esfuerzos de la comunidad internacional. Si echamos mano del informe aprobado por la OCDE en 1998, tras años de disquisiciones, podemos determinar que un paraíso fiscal es una jurisdicción en la que concurren cuatro circunstancias: impuestos inexistentes o ineficaces, falta de un efectivo intercambio de información fiscal; ausencia de transparencia, y falta de actividad económica (el sector offshore es el dominante).
Si tenemos en cuenta estos parámetros, Reino Unido se encuentra fuera de la denominación de paraíso fiscal. Bien diferente es la pléyade de Dependencias de la Corona británica (Islas Vírgenes, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Caimán, Gibraltar…). Londres les tiene concedida plena autonomía fiscal. Ellas la utilizan para saltarse los acuerdos que firma la metrópoli, amparadas en el autogobierno. En ellas se encuentran afincadas miles de sociedades de todo el mundo, opacas al fisco.
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