La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha reclamado esta mañana al Gobierno que busque una «solución inmediata y definitiva» para que el Ministerio de Hacienda dé marcha atrás en su decisión de aplicar el IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio. Ortega se ha referido así a la decisión de la Dirección General de Tributos de Hacienda de descontar el 21 % de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia gratuita, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que entiende que este servicio es voluntario y está sujeto a remuneración, por lo que no cabe la exención del IVA.
En la presentación del Plan Estratégico de la Abogacía 2017-2020, Ortega ha planteado las tres alternativas que trasladará a los Ministerios de Justicia y Economía para evitar su aplicación. Al respecto, ha propuesto modificar la Ley de Justicia Gratuita o en su defecto la Ley del IVA para que recoja que este servicio queda exento del impuesto de valor añadido. Y si no ha planteado como tercer escenario que sea la propia Administración la que asuma el abono del IVA en las facturas.
«La Abogacía se opone a que la prestación de la Justicia Gratuita quede sujeta al IVA», ha dicho Ortega, quien ha precisado que el sistema español es absolutamente distinto al belga, sobre el que se basa la sentencia de la UE, «ya que aquí la prestación del turno de oficio es obligatoria para abogados por ley», mientras que otros países comunitarios no es así. Con todo, Ortega ha querido dejar claro que la orden de la Secretaría de Estado de Hacienda «no es ejecutiva» y por tanto todavía no se aplica ni puede aplicarse a abogados y procuradores. Precisamente, la presidenta de la Abogacía se reunirá hoy con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarle sus tres propuestas para resolver esta polémica, y tiene previsto hacer los mismos en los próximos días con el Ministerio de Economía.
Catalá ya ha dicho que trabajará para que Hacienda reconsidere su decisión y no se extiendan los efectos de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE puesto que «el turno de oficio tiene una naturaleza de servicio público y por ello exento de IVA». Dicho encuentro servirá también para trasladarle la propuesta de la Abogacía por un Pacto de Estado de la Justicia, que la presidenta ya ha comunicado a algunos partidos y operadores jurídicos en un documento con 34 líneas de actuación. Entre ellos, ha abogado por regular los nombramientos de cargos judiciales y reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que cuente con la participación de los jueces.
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