El caso Bankia, la investigación judicial en torno al estreno bursátil de la que luego se convirtió en la mayor entidad financiera nacionalizada en España, ha dado un salto cualitativo este lunes con la imputación de los principales responsables de los organismos supervisores de la época.
La Audiencia Nacional ha decidido imputar finalmente al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al que fue su segundo, Fernando Restoy, que luego se convirtió durante años en subgobernador del Banco de España, entre otros cargos, por el caso que investiga la salida a Bolsa de Bankia.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional toma esta decisión tras estimar parcialmente un recurso de apelación de la acusación popular después de que la citación como imputados de los exprincipales responsables del supervisor financiero y del regulador de los mercados fuera denegada en dos ocasiones.
El auto de la Audiencia, conocido este lunes, impone también la citación como investigados –nueva denominación para los imputados- de otros responsables del Banco de España: el entonces subgobernador, Javier Arístegui; el exdirector general del supervisión Jerónimo Martínez Tello; el que era jefe de grupo de inspección de Bankia, Pedro Comín; a quien fue coordinador del departamento de inspección de Cajas de Ahorro, Mariano Herrera y al director del departamento de cajas, Pedro González. Estos tres últimos han presentado su renuncia al Banco de España.
El texto expone que los nuevos imputados “autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia, pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”, expone la Audiencia sobre una entidad que acabó requiriendo un rescate de 22.500 millones en fondos públicos.
El escrito considera “razonable y razonada” la petición de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, de solicitar la imputación de este grupo de supervisores al estimar que existen «indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” en esta conducta.
La Audiencia ya había rechazado el primer intento de la acusación popular de imputar a los máximos representantes de Banco de España y CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia, celebrada el 20 de julio de 2011, operación que se investiga si se realizó emitiendo información falsa. La decisión de la Audiencia de admitir ahora la petición de imputaciones, en contra del criterio del fiscal y del juez instructor, Fernando Andreu, responde a las revelaciones que supusieron los correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus a sus superiores, aportados a la causa el pasado otoño.
En ellos, el inspector alertaba que consentir la salida a Bolsa de Bankia en los términos en que se llevó a cabo era el primer paso para “nacionalizar” pérdidas y que “no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”.
La imputación del exgobernador del Banco de España, así como la de los máximos exresponsables de la CNMV, Segura y Restoy -que pasó a ser subgobernador del Banco de España, puesto que recientemente abandonó para ser nombrado presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacionales- supone un importante giro en el caso, que gana trascendencia al investigar ya no solo a los responsables directos de Bankia durante su salida a Bolsa, sino también, por primera vez, a quienes debieron vigilar el proceso desde las instituciones.
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