Tener una página web propia parece un requisito indispensable de cualquier negocio. No sólo todas las empresas cotizadas cuentan con una -entre otros motivos, porque es un requisito exigido por ley al estar presente en Bolsa-, sino que incluso las pymes y algunos comercios de cercanía cuentan con páginas de Internet para acercarse a los clientes. Sin embargo, ésta es todavía una asignatura pendiente en la mayoría de los despachos de abogados, sobre todo entre los más pequeños.
De hecho, sólo el 38% de los bufetes que operan en España tiene una página web actualizada, según se desprende del Estudio de innovación y tendencias en el sector jurídico empresarial, elaborado por Lefebvre-El Derecho. El informe revela también que, dentro de las estrategias de comunicación que siguen los despachos, las redes sociales son la principal prioridad, aunque eso no quiere decir que su uso esté muy extendido. Es más, sólo cuatro de cada diez despachos (el 43%) utilizan este canal para llegar a su público.
Evidentemente, el factor económico es clave a la hora de determinar el uso de una herramienta u otra. Mientras que los pequeños bufetes, aquellos con una facturación inferior a 100.000 euros anuales, se decantan claramente por las redes sociales (con una diferencia de once puntos porcentuales), en el caso de las grandes firmas, con ingresos que superan el millón de euros, la página web es la gran preferida en un 84% de los casos, frente al 47% que apuesta por las redes sociales.
La utilidad de estas últimas «no es tanto vender como cuidar la imagen hacia un público muy determinado que probablemente no son ni serán clientes. Los despachos de abogados se dirigen a diferentes grupos de interesados y algunos de ellos reciben la información vía redes sociales», explica José Luis Pérez Benítez, socio de la consultora Perez+Partners.
Este experto advierte de que eso no quiere decir que se deba utilizar este canal a la ligera. Hay que «cuidar el mensaje, estar alineado con la estrategia del bufete y tiene que estar gestionado por un especialista», requisito este último que no siempre se cumple.
Al final, los ingresos son los que determinan hasta dónde llegan los bufetes con sus planes de comunicación. Y aunque la digitalización ha reducido considerablemente los costes para explorar vías alternativas de conectar con la audiencia, la realidad es que este tipo de iniciativas 2.0 sigue sin ser una prioridad en el sector legal.
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