Dejando de lado los problemas logísticos y económicos, otros actores ponen el acento sobre los desafíos a la independencia en esta administración. Jueces para la Democracia (JpD), junto con Rights International Spain, ha solicitado al relator especial sobre magistrados y abogados de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, que visite nuestro país para que compruebe, in situ, «la grave situación que atraviesa».
En la carta enviada al alto representante de la ONU, JpD destaca diferentes preocupaciones como las «intromisiones del poder político en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», asunto que ya ha sido constatado, apuntan, por el Consejo de Europa que concluyó que «el CGPJ no ha podido garantizar la división de poderes del Estado. Más bien lo contrario, su propia configuración supone una amenaza a la independencia judicial».
En su misiva, la asociación también cita la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como una «merma a la independencia de los jueces» y recuerda los recortes llevados a cabo en la justicia gratuita, lo que supondría poner más «obstáculos en el acceso a la Justicia para la ciudadanía». Otros problemas destacados son la puesta en marcha del proyecto ‘papel cero’ sin dotarlo de recursos, así como las interferencias políticas y los ataques para influir sobre las decisiones de los jueces o el curso de las investigaciones.
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