La Justicia sigue siendo la cenicienta de las administraciones españolas. Estas palabras se siguen repitiendo entre la mayor parte de los interlocutores del sector, a pesar de las buenas intenciones del ministerio del ramo, la promesa de un pacto de Estado o la creación en el Congreso de una subcomisión que fije los ejes para acordar la Estrategia Nacional de Justicia.
Sin embargo, la situación es muy diferente. Los problemas estructurales en las sedes judiciales -el último caso ha sido en Madrid, en Plaza de Castilla-; el colapso de los sistemas informáticos -como el programa de gestión procesal de la Comunidad de Madrid-; o las dificultades para cumplir con el objetivo del papel cero, como han denunciado los trabajadores de la administración de Valladolid, son el pan de cada día. Las asociaciones de jueces, el conjunto de la abogacía y los sindicatos siguen desvelando problemas.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia aseguran que muchos de los problemas existentes dependen de las comunidades autónomas, aquellas que tienen transferidas las competencias en esta materia.
Son muchas las sedes judiciales azotadas por los problemas estructurales y de infraestructuras. El mal estado de algunas instalaciones de localidades como Sevilla, Valencia o Madrid (Valdemoro, Torrejón) son denunciados habitualmente. «La Comunidad de Madrid es donde se evidencian la mayor parte de las dificultades, puesto que acumula el 30% de la carga de trabajo nacional, pero el problema es generalizado. Tanto el ministerio como las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas son en definitiva corresponsables de esta desinversión causada por la crisis económica», apunta Juan José Carral, responsable de Justicia de CSI-F en la Comunidad de Madrid.
La situación es tan complicada que los jueces decanos de Madrid han amenazado al Gobierno regional con llevarlo ante la fiscalía por el mal estado de las sedes judiciales y le han exigido que se realicen las mejoras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha anunciado que sumará 4 millones de euros más a los presupuestos que se dedicarán íntegramente a mejorar y arreglar las sedes madrileñas.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha explicado a este diario que, en 2016, en los territorios que le corresponden, «la inversión global en nuevos edificios -en Guadalajara, Albacete, Ibiza, Badajoz y Segovia- fue de 9,15 millones de euros. El gasto en reformas de sedes en Toledo, Palencia o Trujillo, entre muchas otras, fue de 6,49 millones».
Otro escollo insalvable de la actual Administración de Justicia es la falta de trabajadores. Luis Calero, secretario general del sector de Justicia de CCOO, hace hincapié en la carencia de personal en jurisdicciones como la penal, la social y la de familia y afirma que «es necesario convocar oposiciones para cubrir las plazas vacantes y no depender de los trabajadores interinos».
La falta de medios personales también se refiere a la escasez de jueces, un problema denunciado por varias asociaciones de estos profesionales o por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). De hecho, según estadísticas europeas, nuestro país cuenta con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de estados como Portugal (19,2) o Alemania (24,7).
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