La Justicia española atraviesa estos días fuertes turbulencias institucionales, con sacudidas que afectan a todos los estamentos. Los nombramientos en la cúpula de la Fiscalía -en especial las jefaturas de Anticorrupción, de la Audiencia Nacional y de la Región de Murcia- han sido tachados de “políticos e ideológicos” por los fiscales progresistas y por los partidos de la oposición, que ven detrás de ellos la mano directa del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Al mismo tiempo, las discrepancias de los fiscales encargados de algunas de las causas más sensibles, como el caso Nóos o la Operación Púnica, con sus superiores jerárquicos han salido a la luz. La reacción del PP y del Gobierno en estos casos ha acabado por poner en entredicho la independencia del ministerio público.
Los jueces viven también su particular bronca. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir una investigación al magistrado Manuel Ruiz de Lara por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario y el hecho de que estas pesquisas, según fuentes próximas al magistrado, fueran secretas, han soliviantado durante unos días a la carrera judicial.
Las principales asociaciones judiciales han pedido conjuntamente explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial. Los jueces decanos de toda España se han adherido, en un comunicado, a esta petición ante el temor de que existan “otros expedientes tramitados en similares condiciones”. Las explicaciones públicas dadas por el Consejo, que ha negado que en ningún momento haya emprendido unas diligencias secretas sobre ningún magistrado, atenuaron notablemente este malestar.
A los ataques a la independencia de jueces y fiscales, se suma un factor interno de crispación profesional. “La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [que limita a seis meses el plazo de investigación de causas no complejas] y las comunicaciones telemáticas [el sistema Lexnet, muy criticado por sus fallos] han enrarecido mucho el ambiente en los juzgados y está produciendo confrontación entre los colectivos jurídicos”, afirma Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF.) “La reforma legal no ha dañado a la fiscalía como institución, pero sí que nos ha hecho muy difícil el trabajo”, se queja.
El ambiente entre jueces y fiscales, sobre todo entre las bases y las cúpulas de ambas carreras -y entre estos cuerpos y el poder político- no estaba tan enrarecido desde el 23 de febrero de 2009, cuando el ministro socialista Mariano Fernández Bermejo dimitió tras conocerse que coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón en los primeros días de la Operación Gürtel. Cinco días antes, los magistrados de toda España habían realizado la primera huelga de su historia en protesta por la falta de medios.
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