El Gobierno que preside en Murcia Pedro Antonio Sánchez está decidido a eliminar el cuestionado Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el ejercicio presupuestario de 2018. Así lo anunció el pasado lunes, metiendo presión a Andalucía y también a Asturias, en un momento en el que el dicho gravamen se sitúa en el centro de la polémica y es motivo de una comisión nacida en el contexto de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.
El consejero de Hacienda de Murcia, Andrés Carrillo, pretende emular a Madrid, elevando al 99% la rebaja del tributo. Este impuesto, recuerda La Opinión de Murcia, fue rescatado en 2012 en los peores momentos de la crisis. Criticado por los empresarios, y muy bien recibido en esta ocasión, en 2015 el Ejecutivo da un paso y elimina la tasa para la transmisión empresarial.
Ahora, la actuación del equipo de Hacienda de Murcia cuenta que, una vez aplicado la eliminación del impuesto de Sucesiones, recibirá una compensación con pagos adicionales del Estado a cuenta de la liquidación presupuestaria de 2016, ya que el ajuste contable se producen con una cadencia de dos años. De ser así, como espera el Gobierno murciano, el dinero recibido se podrá destinar para cubrir la rebaja de la presión fiscal que supone acabar prácticamente con este impuesto, si bien queda bonificado.
El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, afirma que «Murcia es la autonomía de toda España que más está bajando los impuestos», a diferencia de sus vecinas, «que los está subiendo». Y como ejemplo, subraya Carrillo, «la revisión del mínimo exento para pagar el Impuesto de Patrimonio, que el Ministerio de Hacienda sitúa con carácter general en los 700.000 euros, el mismo que contempla Murcia, lo que supone que los ciudadanos con un patrimonio en propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo, embarcaciones, joyas y obras de arte que no alcanzan los 700.000 euros no están obligados a tributar.»
Sin embargo, contrapone Carrillo, «desde Valencia deben pagar los considerados ricos cuando alcanzan los 400.000 euros de patrimonio, de modo que el número de declarantes es más elevado». El consejero considera que Sucesiones y Donaciones es un impuesto «especialmente injusto», que obliga a un buen número de familias a pagar cuando reciben un bien en herencia que no pueden vender, como ha ocurrido en los últimos años con las propiedades inmobiliarias.
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