Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria mensual de las comunidades autónomas hasta el mes de noviembre de 2016 que muestran un descenso en el acumulado del 1,19% en la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, hasta los 2.591,03 millones de euros. De esta cifra, Madrid, Cataluña y Andalucía concentraron el 50,6% del total, con un alza del 35,97% en la recaudación por este gravamen en la capital, frente a los retrocesos del 10,37% y el 4,2% en las otras dos regiones, respectivamente.
En estos datos influyen factores como el de la riqueza, la población de cada región y las reducciones en adquisiciones ‘mortis causa’ en función del grado de parentesco, lo que hace que los ingresos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid supongan el 18% del total a pesar de que está bonificado en un 99% en las herencias entre padres e hijos o entre cónyuges. La subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones registrada en toda España en los últimos años es uno de los puntos clave que están negociando Gobierno y comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación autonómica.
De hecho, en los últimos meses han surgido movimientos ciudadanos contra este impuesto y algunos partidos como el PP han apoyado manifestaciones y recogidas de firmas para exigir la disminución o eliminación de este gravamen, especialmente en donde el impuesto es más elevado, como en el caso de Andalucía, Aragón, Asturias o Extremadura, en donde muchas familias llegan a empadronarse en otras regiones para evitar tener que pagar hasta mil veces más que canarios o madrileños por sus herencias.
Precisamente esta semana el Gobierno de Murcia ha anunciado que suprimirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 2018 al considerarlo «injusto». Las diferencias entre comunidades son tan elevadas que, por ejemplo, en el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, las variaciones oscilan entre Andalucía, en la que se pagan 164.049,35 euros y Canarias, en la que solo se abonan 134,23 euros, al tenerlo bonificado en un 99,99%, según datos del Registro de Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), el órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas.
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