La Agencia Tributaria tiene investigaciones abiertas sobre, al menos, 20 de las 35 empresas del Ibex 35, según reflejan las compañías en sus cuentas anuales. La información que aportan las sociedades en sus memorias anuales es bastante heterogénea y en ocasiones confusa e incompleta. Estas empresas acumulan activos por impuestos diferidos —instrumentos que permiten rebajar los tributos a pagar en los próximos años— por 103.708 millones. Bancos y energéticas contabilizan el 80% de estos créditos fiscales, que proceden de deducciones del impuesto de sociedades que no se pueden aplicar en un solo ejercicio.
Un examen a las 35 cuentas anuales de las empresas que componen el selectivo español revela que tres de cada cinco grandes compañías españolas tenía en 2016 una investigación abierta por la Agencia Tributaria española. En la mayoría de los casos no se trata de fraude, existen investigaciones por diferencias de criterios o de interpretación de una norma tributaria o de valoración de una operación entre las compañías y el fisco o simples comprobaciones de oficio. La mayoría de estas sociedades tiene filiales en otros países y realizan operaciones corporativas complejas cuyo tratamiento fiscal en ocasiones genera dudas.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que no es extraño que tantas empresas tengan investigaciones abiertas porque realizan un proceso de comprobación permanente sobre este tipo de compañías. La delegación central de grandes contribuyentes, un órgano creado en 2006, pasa revista periódicamente a estas multinacionales españolas. Un ejército de 700 inspectores, técnicos, informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona radiografían sus cuentas. Pero la tarea es casi inabarcable. Estas empresas realizan millones de registros contables al año y hay operaciones casi imposibles de detectar ante tanto volumen de datos.
José Luis Groba, presidente de la organización de Inspectores de Hacienda (IHE), explica que al iniciar una inspección en estas empresas el gran problema es la “ingente” cantidad de datos y la desconfianza. “Esto hace que las inspecciones sean complejas, largas y difíciles de cerrar”, lamenta.
La mayoría de las actuaciones tienen que ver con “minoraciones de bases imponibles, deducciones en cuota pendiente de aplicar o cuotas de IVA a compensar”. De hecho, cerca del 40% de los 3.700 millones aflorados el año pasado procedían de estas sociedades. Esta cantidad contribuyó a aumentar la base imponible sobre la que posteriormente se aplicaron los gravámenes de los impuestos.
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