El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, comparece este lunes en el Congreso para explicar los informes de fiscalización llevados a cabo por la institución sobre las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016, que concluyen que los partidos gastaron un total de 102,77 millones de euros en estos comicios.
En concreto, para la primera convocatoria, el informe señala que las formaciones políticas declararon recursos por un total de 57,74 millones de euros, de los que un 58,7% procedía de endeudamiento bancario, un 28% de adelantos de subvenciones electorales, un 12,8% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.
Los gastos regulares justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, se cuantifican en 55,36 millones de euros, de los que el 65,4% corresponde a operaciones electorales ordinarias y el 34,6% al envío de propaganda electoral. Ningún partido rebasó su tope de gasto en las generales de diciembre, aunque algunos sí imputaron gastos electorales que no lo eran o consignaron otros que no han sido debidamente justificados.
Respecto a las generales de junio de 2016, los partidos destinaron 45,03 millones de euros a la campaña, tan sólo un 28% menos que en los comicios de diciembre, pese a que, dado que se trataba de una repetición de elecciones por no haber sido capaces de elegir gobierno, las formaciones celebraron una serie de reuniones buscando acordar medidas para tratar de ahorrar dinero al erario público.
En concreto, los partidos políticos con representación parlamentaria declararon recursos por un total de 45.030.168,16 euros, de los que la mitad corresponden a créditos con entidades financieras (22,88 millones). Del resto del dinero, un 32,9% salió de adelantos de subvenciones electorales (14,82 millones), un 16,2% de aportaciones de la propia formación política (7,30 millones) y los 11,73 millones de euros procedían de aportaciones privadas.
Los gastos electorales considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, se cuantifican en 44,31 millones de euros, de los que el 58,4% corresponde a operaciones electorales ordinarias (25,85 millones) y el 41,6% al envío de propaganda electoral (18,45 millones). Por contra, el Tribunal de Cuentas ha determinado que 114.205,45 euros utilizados por los partidos en la campaña no tienen naturaleza electoral y, por tanto, no son subvencionables.
Aunque ningún partido superó el techo de gasto fijado para esas elecciones, hubo una formación política que rebasó el límite de gastos de publicidad exterior en 1.386,37 euros, lo que supone un exceso del 90,14% sobre dicho límite. Se trata de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) del presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, que fue senador del PSOE hasta que protagonizó un altercado en un club de Madrid.
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