En su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el Informe Anual de 2016 de la entidad, Linde sostuvo que, en comparación a sus pares europeos, España “destaca por presentar un peso de los ingresos tributarios sobre PIB relativamente reducido”, algo atribuible al “bajo peso relativo de la imposición indirecta”, donde se incluyen estos dos tipos de tributo.
En el lado del gasto, el gobernador también ha solicitado “seguir avanzando” en la “racionalización y eficiencia” del gasto público, “priorizando” aquellas partidas que presentan un mayor potencial para mejorar la productividad y el crecimiento a largo plazo.
Linde ha solicitado reducir la deuda de las Administraciones Públicas para poder afrontar un endurecimiento del coste de la financiación y “restablecer la capacidad de maniobra fiscal” ante eventuales perturbaciones negativas.
Aquí se incluiría un cambio en el panorama de bajos tipos de interés. Linde entiende que un aumento de los tipos de interés puede tener un impacto “significativo” sobre el gasto por intereses dado el “elevado nivel de la deuda”, aunque ha reconocido que este efecto tardaría “un tiempo” en manifestarse por el dilatado plazo medio de vencimiento.
Respecto a la intervención y venta del Popular, Linde se ha desligado de su resolución. Defendió que la institución ni es supervisora ni tuvo poder de decisión en la solución a la entidad, que afrontaba problemas críticos de liquidez y fue subastada y comprada por el Santander por un euro.
Linde ha recordado que desde noviembre de 2014 el Banco de España no es supervisor de las entidades financieras “significativas”, cuyo supervisor es el Banco Central Europeo (BCE), del que depende el Mecanismo Único de Resolución (MUR).
Asimismo, tampoco es “autoridad de resolución”, competencia que corresponde a la Junta Única de Resolución, en la que, ha apostillado, el Banco de España “ni siquiera participa en esas reuniones, más que como observador”.
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