El paquete normativo publicado por el Banco de España acaba de someterse a consulta pública y consta de un proyecto de circular de 398 páginas en el que se detallan pormenorizadamente todos los aspectos relacionados con la información financiera que han de proporcionar los bancos en España. Además, se añaden otros nueve anejos con información adicional para las entidades.
Todo este cúmulo de documentación es el entramado legal y financiero para la adaptación de la norma española de contabilidad bancaria al nuevo marco internacional de la IFRS9, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018. En la presentación de la propia circular se especifica que, al contrario que en otras oportunidades (cuando se aprobaron reformas parciales), para esta ocasión el Banco de España ha optado por aprobar una nueva circular que sustituya a la todavía vigente.
Tal y como señalan fuentes financieras conocedoras del contenido del proyecto, el Banco de España parece haber optado por una trasposición prácticamente total de la norma IFRS9. «Las entidades concernidas hemos recibido el proyecto hace dos semanas y por lo que hemos visto no es más que una adaptación plena de la normativa internacional», explican estas mismas fuentes.
Con esta decisión de hacer una mera trasposición, los nuevos responsables de los aspectos regulatorios y supervisores del Banco de España parecen haber optado por hacer caso a las entidades, que como adelantó Expansión Directo Banca, llevaban meses presionando para que el supervisor (y la máxima autoridad en contabilidad bancaria) no fuera más allá a la hora de redactar su nueva circular.
El proyecto publicado por el supervisor «clarifica algunos asuntos pendientes, pero no se mete en líos. La percepción ha sido muy positiva», opina un alto responsable de regulación de una entidad financiera. No eran pocas las voces que habían dado la voz de alarma ante una hipotética voluntad de los responsables de Supervisión de hacer una normativa propia. El Banco de España ha reconocido en su reciente libro blanco de la crisis que ejerció sus competencias como autoridad contable para imponer a menudo requisitos de dotaciones más estrictos (como fueron, por ejemplo, las provisiones dinámicas), creando así en la banca española una información financiera distinta y no siempre comparable a la del entorno.
En 2016, el Banco de España ya modificó la norma contable de provisiones para ir adaptándola a lo que se avecinaba en 2018. Frente a un sistema contable de dotaciones basado completamente en el criterio de pérdida incurrida, el futuro marco se basará en la pérdida esperada. Esto, más allá de los impactos en cuenta de resultados o patrimonio neto, obliga a las entidades a llevar a cabo un cambio radical en la forma en que se contabilizan las pérdidas y los deterioros de sus operaciones de crédito.
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