La inversión total destinada por la Administración Pública a la asistencia jurídica gratuita alcanzó en 2016 los 238,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% con respecto a 2015, cuando se invirtieron 227 millones de euros.
Esta cifra de 238,9 millones de euros está por debajo de los niveles de dotación que la justicia gratuita tuvo en 2011, cuando contó con 254 millones de euros, lo que representa un descenso en cinco años superior al 6% y una reducción de 16 millones de euros, según datos identificados en el XI Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el CGAE.
Sin embargo, como ha explicado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, «esta leve recuperación se produce después de varios años de disminución de las inversiones y no tiene que ver con una elevación de cuentas, sino que se debe a los incrementos en los baremos que perciben los abogados del turno de oficio» en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana, que en algunos casos llegaron a sufrir bajadas de un 40%.
Según ha explicado Antonio Morán, presidente de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del CGAE, los más 45.300 abogados adscritos al turno de oficio -cerca de un tercio del conjunto de los letrados ejercientes- ha atendido más de 1.781.000 asuntos, lo que supone un incremento superior al 2% respecto a 2015, cuando se generaron 1.745.000 asuntos.
Morán, ha añadido otras dos cifras relevantes en cuanto la justicia gratuita: «La inversión media por ciudadano para sufragar la asistencia jurídica gratuita es de 5,13 euros por ciudadano y por año, mientras que la retribución medica que recibe un abogado del turno de oficio por expediente no supera los 135 euros».
Otro aspecto que ha querido destacar el presidente de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del CGAE sobre el bajo número de quejas recibidas sobre el funcionamiento de este servicio. Según ha comentado Morán, en 2016 se recibieron 5.081 quejas, que provocaron 207 aperturas de expediente, lo que representa un 0,45%, «una cifra de disfunciones muy inferior a la que existen en otros procedimientos», ha comentado.
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