El Gobierno aprobará en los próximos días una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para la Administración General del Estado (AGE) que podría estar cercana a las 8.000 plazas, según el sindicato de funcionarios CSIF y que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha vinculado a 2017.
Montoro ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de ampliar la oferta de empleo público en los ámbitos de la administración que requieren más personal, como el de la atención al ciudadano o en los departamentos de lucha contra el fraude fiscal y laboral.
«Lo tenemos ya en el programa de los próximos días», ha dicho el ministro, que ha puntualizado que se hará a través de un decreto ley y que completará la OEP de 2017, después de los acuerdos alcanzados con las centrales sindicales de los funcionarios sobre aumento de plantilla y reducción de la interinidad.
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) ha señalado, mediante un comunicado, que hoy ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Hacienda para diseñar esta nueva oferta de empleo público para la AGE.
En este sentido, el sindicato ha señalado que se incluirán como nuevos sectores prioritarios, por primera vez desde el comienzo de la crisis, los de atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del transporte público y seguridad y emergencias.
CSIF estima la nueva oferta de empleo en unas 8.000 plazas, «de tal manera que sería previsiblemente la mayor oferta en la Administración General del Estado desde 2008». El sindicato añade que también se «está trabajando para que se produzca un refuerzo inmediato en ámbitos como las oficinas del DNI (300 plazas) y examinadores de tráfico (150 plazas)».
Asimismo, ha pedido al ministro que las convocatorias de las plazas para Educación, Sanidad y Justicia se hagan de manera coordinada para evitar el «efecto llamada» y la presentación desmesurada de candidatos a las oposiciones en unas pocas administraciones.
Por otra parte, CSIF incide en que debe haber mejoras salariales superiores al 1% para que los empleados públicos puedan recuperar el poder adquisitivo con un incremento paulatino de las retribuciones en los próximos tres o cuatro años.
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