El PP ha sido el único partido en el Congreso que ha defendido al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante el debate de su reprobación tras declararse inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como ‘amnistía fiscal’. El ministro no ha estado presente durante el debate, pues ha acudido esta tarde a la sesión de control al Gobierno este martes en el Senado.
Todos los demás partidos que han intervenido, desde el PSOE, grupo promotor de la reprobación, hasta EH Bildu, han criticado al ministro y su amnistía fiscal, si bien el PNV ha anunciado que no apoyará la sanción política en la votación que tendrá lugar este jueves.
Para iniciar su intervención, el portavoz de Hacienda del PSOE, Julián López Milla ha señalado que si bien no es la primera norma que el Tribunal Constitucional declara contraria a la Carta Magna española, la sentencia sí destaca «por la claridad y dureza con la que se pronuncia», al hablar de la abdicación de los deberes del Estado, la legitimación de la conducta de los defraudadores y la quiebra del principio de justicia.
«Rebate todos y cada uno de los argumentos de la Abogacía del Estado y tritura los fundamentos del Gobierno para defender la amnistía», ha defendido López Milla, que se ha dirigido al ausente ministro de Hacienda subrayando que «si la única enseñanza que ha podido extraer es que debió aprobarla con otro instrumento que no fuera el decreto ley, es que no acepta los fundamentos jurídicos de la sentencia».
El diputado socialista ha criticado la «puerta» que abrió la amnistía, por la que «se colaron defraudadores y unos cuantos procesados por corrupción», por lo que ha calificado a Montoro como un «colaborador necesario para que los negocios de defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos».
Por último, ha criticado que, aun afeado por el Tribunal Constitucional, Montoro defendiera la amnistía «como inevitable», se negara a pedir disculpas y se negara a asumir responsabilidades políticas, «dando argumento a quienes ponen en cuestión ordenamiento jurídico y desprecian las decisiones del Tribunal». «Quedará en manos del presidente del Gobierno la decisión final y responsabilidad política de lo que haga con su reprobado ministro de Hacienda y Función Pública», ha concluido.
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