El Ministerio de Justicia no tiene intención de atender la petición del Tribunal Supremo de volver a contar en los juicios con estenotipistas y evitar así el riesgo de una grabación deficiente de la vista oral. Así lo han explicado esta semana fuentes del Ministerio, después de que la Sala Penal del Supremo afirmara recientemente que «el actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería ser complementado por un sistema de estenotipia».
Justicia cree que la solución a algunos problemas surgidos no es «la vuelta a los sistemas tradicionales», sino mejorar la tecnología para que no se vuelvan a repetir. «Entendemos que puede ser frustrante no poder acceder a una grabación de un juicio e intentaremos solucionar los problemas, pero no tiene sentido que nos pidan volver a los estenotipistas», señalan desde el Ministerio.
Fuentes del Departamento que dirige Rafael Catalá resaltan que el incremento presupuestario logrado este año aumentará la inversión en tecnología. Dentro de los 139 millones de euros previstos para «transformación digital» -un 77% más que el año anterior-, 47 corresponden a renovación tecnológica, que incluye el gasto en sistemas de grabación en las salas de vistas. El acuerdo del Pleno del Supremo era la reacción de la Sala a los problemas surgidos a la hora de estudiar algunos recursos en los que finalmente no ha sido posible acceder a la grabación del juicio, con la consiguiente imposibilidad de valorar las alegaciones de los recurrentes. «Debe garantizarse la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido», decía el acuerdo del Pleno, para garantizar así que el tribunal que examina un recurso cuente con los elementos necesarios.
El Supremo advierte de que cuando el material al que no se pueda acceder resulte «imprescindible» para resolver el recurso, la consecuencia sería «la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución». En las últimas semanas, la Fiscalía lamentó también la reforma que prohibió la transcripción de las comparecencias de acusados y testigos, que de esa forma sólo son accesibles en vídeo. Este soporte, según los fiscales, dificulta el trabajo al recuperar fragmentos de declaraciones, algo común en los juicios. Su solución fue concluir que la prohibición no afecta en realidad a las declaraciones en la fase de investigación. Por tanto, los fiscales tienen derecho a reclamar la transcripción.
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