La comisión para la reforma de la financiación ya ha terminado su propuesta que entregará mañana al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El documento, al que ha tenido acceso Cinco Días, está formado por más de 160 páginas, de las que el 40% son votos particulares. Ello refleja la dificultad que ha habido para alcanzar un consenso entre los 21 expertos de la comisión, 16 elegidos por las comunidades autónomas y cinco por Hacienda.
El informe propone elevar la capacidad de las comunidades autónomas para establecer copagos, especialmente en el ámbito de la sanidad, y aboga por dar cierta competencia a las comunidades en el IVA. También recomienda eliminar, con matices la cláusula del statu quo y respetar, también con matices, el principio de ordinalidad. En el ámbito de la fiscalidad patrimonial, los expertos abogan por una mayor armonización en el impuesto sobre sucesiones y contemplan que las comunidades que así lo quieran no apliquen el impuesto sobre el patrimonio. Estas son las claves del informe.
Las comunidades autónomas son las responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), aunque sus ingresos no son suficientes para cubrir sus competencias. El informe de los expertos reconoce ese “desequilibrio vertical”, y propone medidas para paliarlo con el objetivo de incrementar la responsabilidad de las comunidades a la hora de elevar los ingresos.
Así, los sabios plantean elevar la capacidad de las comunidades para fijar copagos. “Sería conveniente dotar a las comunidades de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros de su competencia”. Entienden que ello supondría “un instrumento de gestión que puede ayudar a disciplinar la demanda” y, al mismo tiempo, permitiría elevar los ingresos.
Las comunidades autónomas tienen actualmente cedido el 50% de la recaudación del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Los expertos proponen fijar una suerte de tramo autonómico en el IVA, aunque ello genera muchos problemas. El IVA es un tributo armonizado a nivel europeo y no es posible como sucede en el IRPF que se establezcan diferencias dentro de un mismo Estado. Los expertos plantean que, de forma colegiada, las comunidades autónomas puedan decidir sobre una hipotética subida del IVA.
En este caso, el riesgo es que las autonomías actúen como free riders, es decir, jueguen de forma estratégica para no asumir los costes de pedir una subida del impuesto y sí recibir los beneficios de esta medida. Ello se evitaría exigiendo unanimidad, pero entonces la propuesta sería prácticamente inviable. Los propios expertos reconocen la problemática y apuntan que se dé a las comunidades la capacidad de proponer una subida del IVA al Estado central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, llegan a sugerir que esta sería una de las medidas que se podría adoptar para evitar la infrafinanciación de las comunidades y permitir que tengan recursos suficientes para asumir sus competencias.
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