Desde Hacienda aseguran que son dos los motivos principales. Por un lado, porque los años de convocatorias muy reducidas han supuesto la desmotivación de los opositores, sobre todo en las escalas superiores; lo que da como resultado que a veces se presenten pocos aspirantes. La segunda razón tiene que ver con la dificultad que tiene superar estas pruebas, tal y como demuestra el bajo índice de aprobados en algunos exámenes.
Fuentes de CC OO ponen un ejemplo. “Para el examen de acceso al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado del año pasado, en el que se convocaron un total de 12 plazas, se presentaron más de 100 aspirantes y solo aprobaron ocho, luego la tasa de cobertura de dicho cuerpo se situó en el 67%”, explica José Manuel Vera, secretario general del sector de AGE de CC OO. Para estadísticos del Estado, en 2016 salieron a concurso público 26 plazas, de las que finalmente solo se pudieron cubrir 18, que fue el número de aprobados entre más de 90 opositores.
CSIF coincide con CC OO en que no es cierto que no haya suficientes opositores. Ambos sindicatos achacan los bajos resultados en algunas convocatorias al elevado nivel de exigencia de las pruebas, unas remuneraciones sensiblemente más bajas que en el sector privado y unas escasas o nulas opciones de hacer carrera profesional en la Administración. “Para solucionar este problema creemos que se debería dar más publicidad a estas convocatorias, cambiar los perfiles que se exigen y hacer más atractivo el trabajo en el sector público para estos profesionales altamente cualificados”, argumentan en CSIF.
El Gobierno acaba de poner en marcha la mayor oferta de empleo público de los últimos nueve años y dada la delicada situación por la que atraviesan algunos departamentos de la Administración General del Estado (AGE), garantiza que las primeras convocatorias de exámenes serán ya en septiembre.
Así, entre este año y 2018 está previsto que salgan a concurso 20.280 plazas para cubrir vacantes en la AGE. De ellas, 15.998 serán ordinarias porque se trata de sustituciones de bajas y jubilaciones que en parte contribuirán a mitigar la interinidad. Otras 4.282 serán puestos de nueva creación, que representan la primera creación neta de empleo en una década. A este volumen se suman las 7.969 aprobadas en marzo para docentes, militares, policías nacionales y autonómicos y guardias civiles, lo que da como resultado un total de 28.249 empleos públicos para 2017.
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