Una de las tareas pendientes del Gobierno es la trasposición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, denominada Mifid 2. El Ministerio de Economía sometió a consulta preliminar el anteproyecto el pasado 15 de marzo y, después de recabar las posiciones del sector, ha decidido ser implacable. Los últimos documentos, al menos, son extremadamente restrictivos para la banca y suponen un giro de 180 grados en el modelo de comercialización de fondos de inversión a partir del 3 de enero de 2018.
Así, el sector financiero español que aboga por la venta de productos propios –esencialmente, fondos de inversión– sufre un varapalo con el borrador final. La directiva que regula el cobro de incentivos por la comercialización de artículos financieros reduce a tres supuestos la posibilidad de que las entidades se queden con parte de las comisiones del fabricante de ese producto. De entrada, solo podrán embolsarse esos incentivos si venden productos de terceros, el fantasma del sector.
Finalmente, no habrá ni un supuesto más, pese a las peticiones del sector, que daba por hecho la inclusión de concesiones. A menos de que el Ministerio de Economía vuelva a cambiar de idea –los documentos a consulta pública lo estarán hasta el 18 de septiembre– se cierra la puerta a modelos que permitan que se mantenga el actual statu quo.
La Asociación Española de Banca (AEB), la asociación española de fondos de inversión, Inverco, y la CECA aunaron fuerzas. Solicitaron que se consideraran también las redes de distribución, como las oficinas o el esfuerzo digital, que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes. Abogaban así por la inclusión de un cuarto supuesto que diera cabida a estas peticiones. No lo han conseguido.
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