Una sentencia del Tribunal Constitucional ha impedido la renovación del plan Prepara para desempleados sin ingresos. El 20 de julio falló que su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Su última edición caducó el 15 de agosto.
Un día antes el Ministerio de Empleo se comprometió con los agentes sociales a negociar con las autonomías para su renovación. Pero la propuesta y el borrador del decreto que regulará la prórroga no llegó a las consejerías de Empleo hasta este martes a mediodía, al mismo tiempo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicaba en el Congreso la situación.
El fallo del Alto Tribunal se divulgó el 27 de julio. Justo un día antes del último Consejo de Ministros antes de vacaciones. La decisión cerró la puerta a una prórroga a través de un decreto con mínimos cambios: hasta ahora se renovaba automáticamente cada seis meses porque se había fijado el umbral en el 18% de tasa de desempleo.
El plan Prepara, la ayuda de entre 400 y 450 euros que ha beneficiado a 952.000 personas desde que se creó en 2011, se acabó el pasado 15 de agosto. Desde ese día quien pase a cumplir las condiciones exigidas, no puede solicitar la ayuda. “Queremos que ninguna persona se quede sin protección y lo digo de buena fe”, subrayó varias veces Báñez ante el Congreso.
Las intenciones están claras. Por eso cuando se apruebe se hará de forma retroactiva, según se ha comprometido la ministra, para que quien cumpla con las condiciones desde el 15 de agosto pueda solicitarlo. Pero a fecha de hoy, todavía no está claro cuándo va a llegar esa prórroga.
El Gobierno tiene claro cómo hacerlo. Pretende que las comunidades le cedan la gestión del plan, sorteando la sentencia del Constitucional. Para eso necesita que las 17 administraciones le den su permiso y todavía no se sabe cuándo va a llegar ese momento: ahora son las administraciones autonómicas las que deben responder. Y, luego, debe concretarse en una conferencia sectorial, órgano formado por el Ministerio y las 17 consejerías de Empleo.
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