Hacienda tendrá controladas las actividades de abogados y procuradores de los tres últimos años. Un acuerdo del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 20 de julio responde favorablemente a una petición formulada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en la que se solicitaba suministrar información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. El Consejo acepta la petición en todos sus términos menos en uno: no considera pertinente que se facilite también la identificación de los clientes de estos profesionales.
Concretamente, es el director del departamento de la Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT quien remite al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la comunicación relativa a la remisión de determinados datos obrantes en los órganos judiciales, a través de un requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Tras analizar la petición, el Consejo ha decidido dar su visto bueno al requerimiento.
Según se desprende del documento del CGPJ, la información que requiere Hacienda es la relativa a la identificación de cada abogado y procurador que haya intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional. Dicha información debe incluir, según la petición, el nombre completo y NIF del abogado o procurador y su número de colegiado. Además, Hacienda también solicita la fecha de inicio y de cese de la intervención en el procedimiento, el juzgado o tribunal ante el que ha intervenido, la localidad, la identificación del procedimiento, el importe en litigio (en su caso) y la identificación del cliente.
Powered by WPeMatico