Según el simulador de la Autoridad Fiscal, se necesitaría inyectar en el sistema unos 25.000 millones de forma permanente, siempre que se mantengan unas proyecciones razonables de PIB e inflación. Es decir, ese es el dinero que haría falta al año para que las prestaciones no perdiesen poder adquisitivo, dado el déficit de 18.000 millones y que con ese agujero la ley no deja subirlas más allá del mínimo legal del 0,25%. Desde que entró en vigor en 2014, este será el primer año en que los jubilados claramente pierdan capacidad de compra.
Incluso con la recuperación del empleo y los ingresos de la Seguridad Social creciendo, el desfase entre ingresos y gastos del sistema de pensiones ha seguido engordando. Hasta este año, cuando las previsiones de los expertos apuntan que podría dejar de ampliarse el déficit o, incluso, reducirse un poco hasta el entorno de los 16.000 millones. Aun así, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cifraba las necesidades estructurales del sistema en unos 10.000 millones. Es decir, ni siquiera recuperando el empleo perdido se lograría equilibrar las cuentas a menos que se hagan reformas.
En este contexto, la Autoridad Fiscal ha publicado un simulador que estima el Índice de Revalorización de las Pensiones o IRP, la fórmula por la cual se calcula la subida anual de las prestaciones y que está diseñada para asegurar la sostenibilidad de las cuentas. Esta aplicación permite introducir diversos supuestos, modificando variables como el crecimiento nominal, el número de pensiones o las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Con todo ello se puede conocer bajo distintas hipótesis cuánto puede subir la pensión hasta 2022. Y también se puede hallar cuánto dinero haría falta inyectar al sistema para poder subir las pensiones en función de la inflación al tiempo que se preserva el equilibrio financiero. Respecto a 2017, el cálculo sale que se precisan 17.000 millones a fin de poder actualizarlas conforme al IPC. Esos 17.000 millones tendrían que incorporarse de forma permanente, es decir, todos los años. Y para 2018, la cifra escala hasta los 25.000 millones estructurales si se quiere actualizar las pensiones al 1,7% de inflación que prevé el Gobierno.
Estos cálculos revisten bastante robustez hasta el 2022, siempre que se den unos crecimientos del PIB, una inflación y unos gastos e ingresos en línea con las previsiones que proyecta el Gobierno y con lo que se consideraría coherente con las características de la economía española. Por trabajador, se tendrían que poner unos 1.330 euros anuales.
Otra forma de reconducir las cuentas es trasladar las prestaciones de viudedad y orfandad desde la Seguridad Social a los presupuestos del Estado. Solo que, para hacer frente a esta partida, eso implicaría que la Administración le hiciese un hueco entre sus desembolsos. O que recabase más ingresos para financiarla. O ambos. Pero al tratarse de una rúbrica que ronda los 20.000 millones, tendría que hacerse poco a poco. Y, en consecuencia, el cambio de viudedad no permitiría subir las prestaciones según el IPC.
La Autoridad Fiscal presenta este simulador porque tiene el cometido de validar si se ha aplicado correctamente el Índice de Revalorización de las Pensiones. En julio publicó que correspondía dar un 0,25% de alza en los Presupuestos de 2017. Y añadió que sus proyecciones a cinco años eran que las pensiones no subirían más del 0,25% hasta 2022.
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