España no será capaz de reducir el peso del conjunto de su deuda pública al equivalente al 60% del PIB al menos hasta 2035. Y todo ello contando con un horizonte económico neutral, de continuidad en la reducción del déficit público y de generación de superávit primario, de acuerdo con las conclusiones del último Observatorio de deuda de la AIReF.
Ese umbral del 60% no es casual, ya que es el límite establecido en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea -y cuyo cumplimiento saltó por los aires con la crisis de la zona euro-. España sin embargo se comprometió a rajatabla con su cumplimiento hasta el punto de que, en 2011, en los primeros tiempos de la crisis bancaria y de deuda que terminó por llevar a España al precipicio financiero, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propuso la reforma de la Constitución para incorporarlo.
Era un claro gesto hacia los inversores y su creciente desconfianza en la capacidad de España de reducir el déficit y pagar su deuda. Sin embargo, hasta 2035 no será posible cumplirlo, según la AIRef. Tampoco será posible cumplir con lo establecido en la ley que desarrolló aquella insólita reforma constitucional -pactada entre PSOE y PP-, la denominada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Según recuerda la AIRef, su disposición primera establece un período transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB exigiendo una reducción de al menos dos puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre el PIB, si el crecimiento real de la economía o el empleo crecen por encima del 2%. “Tanto las previsiones oficiales como las de la AIReF prevén un incumplimiento de estas dos condiciones”, advierte la autoridad fiscal, que calcula que el ratio de deuda sobre PIB seguirá siendo superior al 80% en 2026.
La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situó en el 98,7% (1.136.170 millones de euros) al finalizar el tercer trimestre del año, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año, según los datos publicados por el Banco de España y la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral por parte del INE.
El organismo presidido por José Luis Escrivá estima que, en el medio plazo, la evolución de la senda de la deuda de las administraciones públicas prevista en el Plan Presupuestario 2018 puede considerarse «probable».
A nivel individual, las CCAA presentan una imagen dispar, destacando Cataluña, Castilla-La Mancha, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con un nivel de riesgo para la sostenibilidad muy alto. Dos escalones por debajo se sitúan Extremadura y Andalucía y, en tercer lugar, Aragón e Islas Baleares presentan un nivel medio de riesgo.
Cantabria y Castilla y León se encuentran en el nivel de riesgo ligeramente bajo, al igual que Asturias y Galicia. Por último, Navarra y La Rioja presentan riesgos bajos para la sostenibilidad, junto con Canarias, Madrid y País Vasco.
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