La secretaria general del Tesoro, Emma Navarro, ha anunciado que el Estado prestará hasta 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para que pague un parte de la nómina de las pensiones que no pueden costearse exclusivamente con las cotizaciones sociales. Navarro insistió en que este préstamo no tendrá impacto en la consecución del objetivo de déficit, que no deberá rebasar el 2,2%, ni afectará al endeudamiento.
Esta cantidad supone un incremento del 47% respecto a los 10.200 millones a los que ascendió el crédito del Tesoro a la Seguridad Social en 2017, primer año en el que se produjo de este préstamo desde la creación del fondo de reserva de las pensiones en el año 2000.
La Seguridad Social empezó a tener números rojos en 2011 y desde entonces los déficits en el pago de las nóminas de las pensiones se han ido sufragando con el dinero de este fondo que llegó a tener 67.000 millones de euros el año que comenzó a utilizarse.
En la actualidad el fondo de reserva cuenta con menos de 8.000 millones de euros, tras la utilización el pasado año de 7.000 millones, según explicó Navarro. Esta cantidad se sumó a los 10.200 millones del crédito del Tesoro, con lo que se destinaron 17.200 millones a abonar las pagas extra de Navidad y de verano de las más de nueve millones de pensiones existentes.
Dicho todo esto, la cantidad definitiva de este préstamo deberá concretarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Dependerá, del ritmo al que crezcan este año los salarios y el empleo, junto con lo que avance el gasto en pensiones; y, en segundo lugar, de la utilización del fondo de reserva que dispongan desde Empleo, ya que, tal y como explicaron sus responsables el pasado año, financieramente puede resultar más barato para la Seguridad Social que el Estado le preste dinero, que tener que vender determinados activos del fondo.
Sumando los 15.000 millones que se destinarán a la Seguridad Social para garantizar el futuro de las pensiones, el Tesoro tiene previsto unas necesidades de financiación (emisiones netas) de 40.0000 millones de euros, un 11,1% menos que un año antes (45.000 millones). Las emisiones brutas previstas para este ejercicio ascienden a 220.000 millones, cifra que supone un recorte del 6% respecto a lo emitido en 2017. De esa cantidad, el 57% se captará vía emisiones a medio y largo plazo (126.000 millones) y la cantidad restante, en letras (93.836 millones).
En el cómputo de emisiones netas se incluyen 17.000 millones que se destinarán a los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas, en línea con la cuantía de 2017. Aunque Navarro no quiso señalar que importe corresponderá a Cataluña, afirmó que previsiblemente acaparará el 32%, porcentaje similar al de años anteriores. No obstante, la secretaria del Tesoro apuntó que todo dependerá de los vencimientos y necesidades de financiación a los que tenga que hacer frente la región.
El Tesoro sigue siendo fiel a su estrategia de los últimos años y para 2018 continuará adelante con la ampliación de la vida media de la deuda en circulación, la diversificación de la base inversora y el recorte del coste de financiación. Gracias a ello, en 2017 la vida media de la deuda en circulación concluyó en los 7,13 años frente a los 6,8 años en que concluyó 2016 o los 6,20 de 2013. “Alargar la vida meda de la deuda permite aumentar la resistencia del Tesoro y reducir el riesgo ante una subida de tipos”, remarcó Navarro.
Además de las subastas de letras, bonos y obligaciones ordinarias, el organismo seguirá emitiendo bonos y obligaciones indexados a la inflación, algo que contribuye a diversificar la base inversora. Desde que en 2014 se empezara a implementar esta estrategia, el volumen total de lo captado alcanza los 41.803 millones. Su peso en la cartera de deuda pública se sitúa ya en el 4,3%. Esto se complementa con la sindicación bancaria para referencias especiales (representa ya el 15%) y la posibilidad de efectuar colocaciones privadas.
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