El sector financiero ha desempeñado un papel fundamental en el desencadenamiento de la crisis, pero han sido los poderes públicos y los ciudadanos europeos en su conjunto quienes han tenido que soportar los costes de la misma”. Este es uno de los argumentos que aparecen en la propuesta de directiva que la Comisión Europea presentó en 2013 con el apoyo de once países para fijar un impuesto sobre transacciones financieras (ITF).
El texto constata que “el sector financiero en su conjunto ha registrado una elevada rentabilidad”, en parte por la ayuda explícita o implícita de los Estados. España es uno de los once países que defienden esta propuesta de directiva que de momento está paralizada. El ministro de Economía, Luis de Guindos ha defendido este tributo que bebe de la llamada Tasa Tobin y el pasado noviembre reclamó un acuerdo europeo para llevarlo a la práctica. El tributo que figura en la propuesta de directiva es mucho más duro que el propuesto por el PSOE sobre las transacciones financieras.
Aun así, el PP ya ha mostrado su rechazo a la idea del PSOE de establecer nuevas figuras impositivas sobre la banca. El Gobierno entiende que medidas de este tipo deben aprobarse de forma coordinada con la UE para evitar deslocalizaciones y distorsiones mayores de las derivadas del propio tributo.
El PSOE, sin embargo, recuerda que países como Reino Unido o Francia reaccionaron con mayor celeridad y mantienen gravámenes adicionales sobre la banca. La particularidad de la propuesta socialista es que vinculan la creación de dos nuevos tributos al sostenimiento del sistema de pensiones. Un carácter finalista que PP o Ciudadanos han rechazado.
En concreto, los socialistas abogan por fijar un recargo del 8% en el impuesto sobre sociedades que recaería sobre la banca. Se trata de una figura idéntica, con el mismo tipo nominal, que el tributo que ya existe en el Reino Unido. Según el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, el impuesto permitiría recaudar 860 millones.
El otro tributo que propone el PSOE es un impuesto sobre transacciones financieras que se aplicará en la compraventa de activos de empresas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Tampoco aquí el PSOE es innovador. Este tributo existe en Francia, cuyo tipo inicialmente estaba previsto que fuera del 0,1%. Posteriormente aumentó hasta el 0,2% y en 2017 quedó fijado en el 0,3% actual. El PSOE, en su propuesta, se decanta por un gravamen del 0,1%. Según sus cálculos, podrían recaudarse 1.000 millones de euros.
El tributo francés, además, tiene otros componentes que no figuran en la propuesta socialista como gravar las operaciones financieras de alta frecuencia (a muy corto plazo) y seguros de impagos (CDS) sobre títulos de deuda soberana de la UE. Ambas medidas se justificaron para frenar la especulación.
Los opositores a los gravámenes complementarios sobre la banca o al impuesto sobre transacciones financieras argumentan que el coste real acabará repercutiendo en los clientes y recuerdan que, en un mundo globalizado, la capacidad de los inversores para eludir las cargas tributarias es muy elevada. Además, apuntan que un impuesto no puede crearse como ánimo de revancha por la responsabilidad de las entidades financieras en la crisis desatada a partir de 2008.
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