El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha afirmado que es «falso» que se hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50% en 2018, y ha aclarado que la decisión tomada en diciembre estableció que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (transferencias corrientes, de capital e inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio, como ocurrió el año pasado, para su utilización.
En un comunicado, Hacienda explica que, a diferencia de la prórroga presupuestaria de ejercicios anteriores, en 2018 no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos gracias a la «favorable evolución» de las cuentas públicas.
En un contexto de prórroga de los PGE en el último Consejo de Ministros de diciembre se adoptaron, como en años anteriores, medidas para controlar y mejorar la ejecución del gasto público antes de que se apruebe la Ley de PGE para 2018.
«Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos», subraya Hacienda, quien insiste en que el Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios.
En su lugar, explica, simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público, como son la referida a que los departamentos ministeriales deberán elaborar un calendario con las fechas estimativas de cuándo prevén aprobar determinados gastos, como subvenciones nominativas o convenios. Con esta medida se pretende mejorar la planificación del gasto, según Hacienda.
Además, se estableció que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El departamento de Cristóbal Montoro recuerda que esta autorización no es nueva, puesto que ya se pidió el año pasado en la prórroga de los PGE 2016 sin que existiese «ningún perjuicio» en la gestión. «Esta es una práctica que no solo ha estado ya en vigor en España, sino que además es común en otros países», recuerda.
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