El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018, aprobado el pasado 7 de diciembre por el Consejo de Ministros, recoge los objetivos y prioridades políticas de los distintos ministerios. Sin embargo, para que esta planificación se materialice, en particular, para que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias previstas en este plan salgan adelante deberán ser aprobadas en el Parlamento.
En cualquier caso, entre las prioridades del Ministerio de Justicia para este año destacan las reformas tanto del proceso penal como del civil. En cuanto al proceso penal, el Ejecutivo propone la aprobación de una ley orgánica de enjuiciamiento criminal que establezca un modelo de investigación penal en el que el Ministerio Fiscal asuma su dirección, y que a su vez cuente con un juez de garantías que vele por el respeto a los derechos de las partes implicadas, procure la práctica de diligencias denegadas por el fiscal y decida sobre la apertura del juicio oral. En relación con ello, también desde el Gobierno pretenden modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal mediante una ley modernice esta institución y le otorgue mayor autonomía.
Por su parte la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene como meta fundamental: mejorar los porcentajes de ejecución de las sentencias. Este trámite judicial es uno de los grandes lastres de la justicia española y para conseguir este objetivo, el Gobierno propone unificar y simplificar dichos procedimientos. Asimismo, con dicha reforma se pretende también reducir la litigiosidad a través del fomento de la mediación, regular la posibilidad de inembargabilidad de las ayudas sociales mínimas para personas en riesgo de exclusión social o mejorar del sistema de notificaciones, ejecución y subasta judicial.
Otro de los puntos en los que se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el Código Civil, es en materia de discapacidad, para adaptar su regulación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Es decir, que la ley contemple una igualdad en el ejercicio de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad, y el paso de un sistema de sustitución en la adopción de decisiones por uno de mera asistencia que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
El plan anual normativo prevé también para este año, una modificación de la Ley Orgánica del poder Judicial referida al sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que refuerce su independencia y acabe con la politización de justicia. De tal manera que, los vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados y no por las Cortes como hasta ahora.
Powered by WPeMatico